Acuerdo que tumbó exagerados cobros del predial fue enviado al Tribunal Administrativo del Tolima 

El departamento jurídico de la Gobernación del Tolima le solicitó este jueves al Tribunal Administrativo que revise la legalidad del Acuerdo aprobado por el Concejo de Ibagué en el que se redujo la tarifa del impuesto predial del 3 % para el año 2018.

Según expuso la directora jurídica de la Gobernación, Dora Patricia Montaña, este Acuerdo es bien intencionado pero para ellos es "inconstitucional e ilegal".

“La administración departamental del Tolima a pesar de la inconstitucionalidad e ilegalidad del acuerdo aquí acusado, lo considera como un acto bien intencionado, de buena fe, que busca la eliminación de la problemática generada por el aumento del valor del impuesto predial (...) esta pertinencia y conveniencia debe estar acompañada de la legalidad, para que el acto administrativo no vulnere el ordenamiento jurídico”, señaló el documento enviado por el gobierno departamental al Tribunal. (Ver documento)

¿Qué sigue?

De acuerdo con Montaña, el Tribunal tendrá entre tres y cuatro meses para definir la legalidad del Acuerdo, que de momento seguirá vigente hasta que se surta una decisión al respecto.

"El Acuerdo seguirá vigente hasta que haya una decisión del Tribunal Administrativo. Quedamos atentos y a la espera del concepto de legalidad", aseguró la funcionaria.

Por su parte el abogado Wilson Leal explicó que si el Tribunal decide tumbar el Acuerdo, los contribuyentes que ya pagaron el predial no tendrán que cancelar valores adicionales, además, señaló que los ciudadanos que no han hecho el pago están sujetos a las alzas.

"El ciudadano no puede estar expuesto a ese vaivén. A quien ya pagó no pueden cobrarle después ningún excedente. Esos pagos son válidos con la obligación tributaria. Aquí los perjudicados podrían ser los que no han pagado que sí estarían expuestos a incrementos", manifestó Leal.

Barreto se lavó las manos

Aunque el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, reconoció que este es un acto "bien intencionado y de buena fe" prefirió lavarse las manos ante los posibles vicios jurídicos que rodean el Acuerdo y enviarlo a esta instancia que determinará su legalidad.

Como una premonición, durante la firma del Acuerdo, el entonces alcalde encargado Juan Espinosa, señaló que la administración defenderá la iniciativa ante cualquier instancia.

“Estamos corriendo con el riesgo de que nos demanden, pero debe haber justicia tributaria. Estamos dispuestos a ir al Tribunal Administrativo a defender el proyecto”, precisó Espinosa hace varias semanas.

La decisión del mandatario seccional se conoció quince días después de que la Alcaldía sancionara el Acuerdo y fuera enviado al gobierno departamental para su revisión jurídica.