Procuraduría criticó la reducción de mesas de votación para consulta minera de Cajamarca
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La Procuraduría General de la Nación cuestionó la reducción de mesas para la consulta popular minera que se realizará en Cajamarca, el próximo 26 de marzo, e indicó que en comparación con las elecciones atípicas que se adelantaron recientemente para alcalde de este municipio, las habilitadas se redujeron prácticamente a la mitad.
Las observaciones del Ministerio Público se dieron durante el Comité de Garantías Electorales donde se decidió la instalación de 18 mesas: dos en la zona rural y 16 en el casco urbano, para un potencial electoral de 16.312 votantes.
La Registraduría afirmó que se pronostica un promedio de 980 votos por mesa y que para agilizar el proceso se tendrán disponibles cinco equipos de biometría y en cada mesa un morpho touch, tecnología para identificación de los ciudadanos.
Sin embargo, el Procurador Regional del Tolima, Gillest Regys Trujillo Duque, solicitó a las entidades asistentes al comité, la adopción de medidas y planes de contingencia necesarios para garantizar que la jornada electoral se lleve a cabo en condiciones de eficiencia, transparencia y seguridad, para que los habitantes de la región puedan acudir libremente y ejercer su derecho al voto.
El Ministerio Público, indicó que estará atento a verificar e investigar la ocurrencia de actos o conductas de participación indebida en política por parte de los servidores públicos.
Asimismo, la Procuraduría destacó la importancia de la decisión que tomarán los habitantes del suroccidente del Tolima, en un proceso en el que está en juego la protección y afectación de los recursos hídricos y el medio ambiente de la región, así como su desarrollo socio económico.
En esta jornada electoral los habitantes de Cajamarca decidirán si están de acuerdo o no con que se realicen megaproyectos de explotación minera y que se desarrolle el proyecto aurífero La Colosa.
A la reunión también asistieron representantes del Ministerio del Interior, la Registraduría Nacional, la Gobernación del Tolima, las autoridades del municipio de Cajamarca, la fuerza pública del departamento, los grupos promotores del no y de la abstención, entre otros actores.