Aplazan decisión de medida de aseguramiento para Óscar Barreto y Fernando Osorio
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Hasta el próximo martes 7 de marzo, a las 9:00 de la mañana, el magistrado Joaquín Burbano, del Tribunal Superior de Bogotá, decidirá si dicta medida de aseguramiento en contra del gobernador del Tolima, Óscar Barreto, y el exgobernador Fernando Osorio, dentro del proceso penal que se adelanta en su contra de los dos políticos por la celebración y liquidación de convenio suscrito por la administración departamental con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, en el año 2007.
El magistrado se vio obligado a suspender la audiencia debido a la prolongada exposición del fiscal del caso, quien se extendió desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:03 de la tarde, tanto en la imputación de cargos como en la justificación de la medida de aseguramiento.
Después, intervinieron los abogados de Barreto y Osorio. Ambas presentaciones terminaron pasadas las 7:00 de la noche.
La imputación
Barreto fue acusado de los presuntos delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
Mientras que al exgobernador Osorio se le imputaron los presuntos delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Las pruebas
El fiscal aseguró que el exgobernador Fernando Osorio celebró el convenio 336 del 7 de mayo de 2007, con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, por $1.143 millones, para la adquisición de bienes y servicios, a través de este mecanismo contractual para evadir la ley 80.
"Quiere la Fiscalía destacar desde ya, que este proceso contractual está definido en la ley 80 de 1993 previsto allí como un contrato de administración de recursos y suministro de bienes, solo que se adelantó bajo el ropaje de un convenio interinstitucional de cooperación y asistencia técnica internacional, sin ser esta su verdadera naturaleza con el objeto de omitir los principios de la función pública señalados en el artículo 209 de la constitución y de los de la contratación estatal previstos en el estatuto general de la contratación pública y en contravía de las directrices marcadas en la sentencia c 249 de 2004", aseguró.
Además, el representante del ente acusador dijo que este convenio se celebró sin que hubiera una selección objetiva y sin atender las observaciones que le hizo la entonces jefe de la oficina Jurídica de la Gobernación del Tolima, Olga Lucía Liévano, quien le advirtió a Osorio que era ilegal celebrar este contrato.
Otra irregularidad detectada por la Fiscalía Primera Delegada es que este convenio fue adicionado, en junio de 2017, por $900 millones, que superaba el límite (50 %) autorizado por la ley.
Según el fiscal, la adición superó el 80 % del valor inicial.
También, modificaron el objeto del convenio cuando hicieron la adición y agregaron el montaje de un sistema regional de evaluación para los estudiantes del Tolima, entre otras obligaciones.
Los cuestionamientos a Barreto
Al gobernador del Tolima, Óscar Barreto, la fiscalía le reprochó que no hubiera declarado el incumplimiento del contrato, tampoco hizo efectiva la póliza de garantía y liquidó unilateralmente el convenio sin reclamar los recursos públicos que no ejecutó la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello.
Señaló el fiscal, el goberndor Barreto desconoció el principio de responsabilidad y permitió que terceros se apropiaran de recursos oficiales por el orden de $1.742 millones.
No obstante, el abogado Wilson Vallejo, defensor de Barreto, cuestionó varias pruebas aportadas por la Fiscalía en contra de su defendido.
Lo que pidió la Procuraduría
El delegado de la Procuraduría General de la Nación respaldó la solicitud de medida de aseguramiento en contra del gobernador del Tolima, Óscar Barreto, debido a que de esa manera se protege a la sociedad.
La medida de aseguramiento sería intramural, en un centro carcelario, expresó el representante del Ministerio Público.
Entre tanto, sobre Fernando Osorio el funcionario pidió detención domiciliaria porque no tiene cómo obstruir la investigación y porque a su edad (71 años) sería contraproducente enviarlo a prisión.
