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Aranda delegó contratación de más de $50.000 millones en manos de quienes fracasaron en el puente de la 60

Exfuncionarios de la Secretaría de Infraestructura de la administración de Andrés Hurtado ahora están como contratistas en el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP).
Ibagué
Autor: Luis Eduardo González R.
Autor:
Luis Eduardo González R.
Aranda delegó la contratación de más de $50.000 millones del SETP en manos de quienes fracasaron en el puente de la 60
Foto: EL OLFATO

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, fue protagonista recientemente en Colombia por difundir un video regañando a los funcionarios de la Secretaría de Planeación que no se presentaron a sus puestos de trabajo el pasado 2 de enero. En medio de sonrisas e ironía, los calificó de “flojos y perezosos” ante millones de espectadores. (Ver: ¿Video del regaño de la alcaldesa Johana Aranda fue un montaje mediático?)

Tal vez la mandataria pretende que sus colaboradores tengan el mismo compromiso, eficacia y discreción que tienen los funcionarios y contratistas del Sistema Estratégico de Transporte de Ibagué (SETP), quienes, de manera veloz, montaron unos sospechosos y millonarios contratos para favorecer a contratistas cercanos al hurtadismo.

Todo lo hicieron en diciembre, cuando la ciudad estaba de fiesta con los conciertos patrocinados por la Alcaldía de Ibagué y los bares y discotecas tenían horario extendido. Nada más cierto que este refrán popular: unos de rumba, mientras Ibagué se derrumba. 

Los genios de la contratación

Aranda seleccionó a un cuestionado equipo de trabajo para el montaje y adjudicación de cuatro contratos, por valor de $51.533.742.766, para la recuperación de la malla vial y el suministro de los nuevos paraderos de Ibagué.

Detrás de estas oscuras y decembrinas licitaciones están los mismos personajes que estuvieron a cargo del fracasado proyecto del puente de la calle 60: Sharon Guzmán, la exsecretaria de Infraestructura; Diego Herrán, exdirector Operativo de esa misma cartera, y la abogada Angie Juliett Rojas Millán.

Según fuentes del Ibal y de la Alcaldía de Ibagué, esta última mujer es cuota directa de Herrán y su mano derecha para ejecutar todos los encargos legales y, posiblemente, ilegales.

La señora Angie Juliett Rojas Millán fue secretaria General del Ibal el año pasado y, después de dejar su cargo, recibió la instrucción de contactar y ofrecerle cerca de $120 millones a un funcionario de EL OLFATO para que hablara en contra del director de este medio, Luis Eduardo González, como se denunció el pasado mes de septiembre. (Ver: Así se cayó el montaje que pretendieron ejecutar desde la Alcaldía de Ibagué)

La estrategia de desacreditación se ejecutaría a través de redes sociales y en portales noticiosos afines al gobierno municipal.

La persona de EL OLFATO no accedió a dicho soborno y grabó la conversación con la abogada Rojas. Además, se recopilaron las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante donde se hizo el ofrecimiento. Todo el material fue entregado a la Fiscalía Seccional Tolima para que se investiguen los hechos.

Tras su frustrada misión, Rojas Millán recibió como ‘premio’ de la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, un contrato en el SETP para que estructurara y viabilizara jurídicamente los sospechosos contratos que quedaron en manos de los ingenieros ‘ungidos’ por el hurtadismo.

Los contratos y los contratistas de siempre

El SETP adjudicó dos contratos por $41.294 millones para ejecutar obras de mejoramiento y rehabilitación de la malla vial.

De esta cifra, $39.115 millones corresponden al contrato de obra que se ganó el consorcio Vías JCSR, representado por el joven ingeniero Juan Camilo Silva Rodríguez. 

Silva Rodríguez es bogotano, pero ha ejecutado millonarios contratos en el Tolima y es cercano al también ingeniero Juan Carlos Salazar, quien, a su vez, resultó favorecido con el contrato de interventoría de la obra del SETP, con un presupuesto de $2.179 millones.

¿Y por qué es importante el nombre de Juan Carlos Salazar? Este ingeniero es conocido en Ibagué como el ‘zar’ de las interventorías de la pasada administración de Andrés Hurtado.

Él y sus empresas estuvieron a cargo de la interventoría del fallido puente de la calle 60, proceso que fue adjudicado por los mismos personajes que ahora reaparecen en el SETP: Sharon Guzmán, Diego Herrán y la abogada Angie Juliett Rojas Millán.

También ejecutó interventorías en la polémica habilitación de la calle 103, la chambona obra de pavimentación de las calles internas del Limonar y las cubiertas de escenarios deportivos, entre otras más.

“Esas licitaciones estaban amarradas por Diego Herrán. Él es el ‘Orlando Arciniegas’ del hurtadismo. Todas las licitaciones en las que él mete la mano son para favorecer a Juan Carlos Salazar. En el mundo de la ingeniería local se sabe que trabajan en llave”, dijo una fuente de altísima credibilidad que integró la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Ibagué.

Los hechos coinciden con esta afirmación: en casi todas las interventorías montadas por Herrán, Guzmán y Rojas resulta ganador Salazar.

Nada raro que Juan Carlos Salazar se haya quedado con la interventoría y pusiera también al contratista de la obra: su amigo Juan Camilo Silva Rodríguez”, afirmó la misma fuente.

Habla el ingeniero Juan Carlos Salazar

Juan Carlos Salazar, ganador de la interventoría de las obras del SETP, sostuvo un amplio dialogó con EL OLFATO y aceptó que conoce al ingeniero Juan Camilo Silva Rodríguez, a quien le fue adjudicado el contrato de mejoramiento de la malla vial por un valor de $39.115 millones.

Lo conozco (a Silva Rodríguez) desde el año 2007 por un contrato que me gané con el Invías en Santa Ana, Putumayo”, afirmó Salazar.

Además, admitió que ha sido su interventor en otros proyectos de infraestructura en el departamento del Tolima y que ahora se reencuentran en las obras que pretende ejecutar la alcaldesa Johana Aranda a través del SETP.

Sobre sus supuestos negocios con Diego Herrán, el ingeniero Juan Carlos Salazar negó cualquier nexo personal o económico con el hombre de confianza de Andrés Hurtado. 

Contrato de paraderos quedaría en manos de otro hurtadista

Los otros dos contratos que están por adjudicarse en el SETP, cuyo monto supera los $10.238 millones, están proyectados para el suministro e instalación de paraderos urbanos y su respectiva interventoría.

En estos dos procesos aparecen dos contratistas beneficiados ampliamente por el hurtadismo.

Según el comité evaluador, integrado, entre otras, por Sharon Guzmán, el contrato de suministro de paraderos, por $9.118 millones, sería adjudicado al consorcio Paraderos 25, representado por el famoso ingeniero Juan Carlos Ramírez Ospina, recordado por las cuestionadas obras de pavimentación de la calle 103 y una calle interna del Limonar que dejó sin conexión con la calle Sexta y sin andenes. (Ver: Contratista de la 'chambonada' del barrio Limonar tuvo que corregir y culminar el trabajo)

Y, para completar el pastel, Juan Carlos Salazar, quien ya se ganó la interventoría de mejoramiento de la malla vial del SETP, también compite por la interventoría del suministro de paraderos. Presupuesto asignado para este proyecto es de $1.119 millones.

Pero, según el informe final de evaluación de las propuestas de interventoría, el virtual ganador sería el consorcio Estratégico Vial, perteneciente a Juan Carlos Salazar, aunque en la oferta aparece Liseth Maryori Nieves Herrera como representante legal.

Llama la atención que en otro consorcio, presuntamente de Salazar, aparece su amigo personal Francisco José Restrepo Albarello, quien actuó como director de la interventoría del fallido puente de la calle 60.

Ellos van a la fija: ganan con cara o con sello. Esas licitaciones son más torcidas y uno ni se presenta porque todo está amarrado”, dijo otro ingeniero tolimense consultado por EL OLFATO.

Responde Diego Herrán

Ante los graves señalamiento que existen en contra del ingeniero Diego Herrán, mano derecha del exalcalde Andrés Hurtado, esta redacción le formuló tres preguntas a través WhatsApp.

1.⁠ ⁠Fuentes de la Alcaldía de Ibagué y en el mundo de la ingeniería local aseguran que usted tiene negocios con el ingeniero Juan Carlos Salazar. ¿Es eso cierto?

Diego Herrán: Totalmente falso hay un ingeniero que se dedica a presentarse a interventorías que está difundiendo ese tipo de comentarios, con el ingeniero Salazar no tengo ningún vínculo.

2. ⁠Personas que trabajan de planta en la Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Ibagué sostiene que usted sería responsable de direccionar los procesos para favorecer a Juan Carlos Salazar y a Juan Carlos Ramírez. ¿Qué opina al respecto?

DH: Totalmente falso. Hay ingenieros contratistas que por no verse favorecidos pretenden hacer acusaciones falsas. Tengo claro que no voy a ceder a ese tipo de presiones o persecuciones. Al ingeniero Ramírez (el de la calle 103) lo he visto un par de veces en el roll de supervisor en donde actúe con exigencia para que las obras se realicen.

3. ¿Por qué casi siempre gana Salazar en los procesos que están Sharon Guzmán y usted, como estructuradores?

DH: No es cierto, si lo dice por los dos últimos procesos, aclaro que solo participé en uno de los dos. Adicionalmente, si la primicia es que el ingeniero Salazar se ganó los dos procesos, no es cierto (porque no se ha adjudicado). Por otro lado, hay empresas grandes que se dedican a interventoría, que se presentan a muchos procesos, ejemplo, en la Gobernación, y que son exitosas como la del ingeniero Fredy Pérez.

La contratista privilegiada por sus labores lícitas e ilícitas  

Esta investigación cierra con un dato insospechado. EL OLFATO encontró que una de las muy pocas profesionales contratadas por orden de la alcaldesa Johana Aranda fue precisamente la señora Angie Juliett Rojas Millán, quien ahora hará parte de la estructuración de contratos en la Unidad de Salud de Ibagué (USI).

Tal parece que su lealtad y compromiso le ha traído buenos frutos. Su contrato de prestación de servicios se suscribió el primero de enero de 2025, pese a ser un día feriado.

El plazo de ejecución inicial es de dos meses, por un valor de $11.200.000. (Ver contrato)

Seguramente, este será uno de muchos contratos en la Alcaldía de Ibagué para que no revele en la Fiscalía General de la Nación quién la mandó a sobornar a un funcionario de EL OLFATO.

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