Congreso de la República aprobó la ley contra el ruido

Tras superar con éxito su cuarto y último debate, el Senado de la República aprobó la ‘ley contra el ruido’.

El proyecto, liderado por el representante a la Cámara Daniel Carvalho, ordena armonizar las 17 normas nacionales que existen para enfrentar las distintas formas de contaminación acústica y bajar un poco el volumen en un país culturalmente bullicioso.

“Tomamos la normativa que había alrededor del ruido y la reorganizamos porque estaba dispersa y confusa. Y aclaramos las responsabilidades de las autoridades y la ruta de atención al ciudadano, porque hoy las autoridades se chutan [pasan] la pelota entre ellas”, aseguró a los medios a la salida del hemiciclo.

La plenaria votó mayoritariamente por este proyecto, que cuenta con 25 artículos y que tienen como objetivo principal establecer una política pública para que las autoridades regionales y nacionales puedan controlar la contaminación acústica.

Así pues, se establece una normativa que combate a quienes abusan del ruido afectando el bienestar de los ciudadanos y los ecosistemas.

Las multas serán el castigo a los abusadores del ruido. Al ser sancionada la ley al respecto, la legislación tendrá las herramientas para atender un problema de salud pública y que genera a diario quejas de residentes en las urbes del país.

El articulado del proyecto establece la importancia de proteger a la flora y fauna, especialmente a las aves que habitan en las zonas verdes de las ciudades y municipios, de los efectos adversos del ruido excesivo. 

Por otra parte, la plenaria del Senado le abrió paso para sanción presidencial al proyecto de ley que crea un fondo especial para proteger y apoyar a las personas discapacitadas y a sus cuidadores.

Las personas con discapacidad recibieron un total apoyo por parte de los legisladores en una iniciativa de origen parlamentario para que concejos municipales y distritales, establezcan un Fondo de Protección y Apoyo que proveería beneficios a dichas personas con beneficios como una renta ciudadana o básica, y dispositivos tecnológicos que ayudarían a mejorar su funcionalidad.

El proyecto contempla la posibilidad de otorgar proyectos productivos para la generación de ingresos, así como la dotación y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y accesibilidad, incluyendo el mobiliario adecuado, para la población discapacitada que podrían beneficiarse con programas de formación y cualificación para los cuidadores, mejorando la asistencia que le brindan a las personas que se encuentran en discapacidad.

“Es un proyecto de ley que tiene la facultad de generar la política pública desde la disposición, o sea la voluntariedad de los entes territoriales, la voluntariedad del gobierno nacional y la disposición de fondos hasta que sean agotables”, enfatizó el senador ponente Carlos Julio González.

Senadores de todas las bancadas coinciden en señalar que se busca fortalecer la protección social y fomentar la inclusión de más de 2,65 millones de personas con discapacidad en Colombia, así como de quienes diariamente les brindan cuidados.