Preocupación en Cortolima por decreto que brinda competencias ambientales a comunidades indígenas
El Gobierno Nacional decretó que las comunidades indígenas tendrán competencias ambientales y autonomía en sus territorios. Esto ha causado inconformidad en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
De acuerdo con la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, el decreto viola la autonomía de las corporaciones ambientales y vulnera el derecho de la igualdad a las comunidades afro, palenqueras y campesinas.
"El Gobierno Nacional ha venido expidiendo una serie de decretos que desde el análisis jurídico, técnico y científico de las corporaciones autónomas regionales tienen algunos argumentos de inconstitucionalidad", aseguró.
También agregó que no entiende por qué a las comunidades indígenas se les entrega esa posibilidad de ejercer autoridad y a otras comunidades no se les da el mismo trato.
"Existe falta de claridad de reglamentación, porque no sabemos hasta dónde está la competencia de las comunidades indígenas y hasta dónde va la competencia de las corporaciones", mencionó.
Del mismo modo, Juan Carlos Guzmán, subdirector jurídico de Cortolima, explicó que con este decreto se vulneraría la autonomía de las corporaciones. Además, este hecho será sujeto de control de la corte constitucional y será objeto de reclamación por parte de las autoridades ambientales.
"Se nota claramente que existe una atribución indebida por parte del ejecutivo, en este caso de la presidencia, que está ejerciendo una función que es clara del Congreso de la República. Toda vez que con ello se está modificando la ley 99 de 1993", afirmó.
¿De qué trata el decreto?
El Decreto 1275 de 2024 tiene como objetivo garantizar que las comunidades indígenas puedan ejercer sus competencias ambientales de acuerdo con su cosmovisión y sistemas de conocimiento.
"Las autoridades indígenas previstas en esta norma y las demás autoridades ambientales establecerán conjuntamente mecanismos directos que permitan la debida aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, respetuosos de la autonomía y los sistemas de conocimiento de pueblos indígena", dice el decreto.
Además, las comunidades podrán formular y desarrollar planes ambientales, regular el uso de los recursos naturales, implementar sanciones, coordinar con las autoridades estatales como el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y otros organismos del Sistema Nacional Ambiental.
"También podrán planificar, adoptar sus presupuestos y administrar los recursos que le correspondan para el ejercicio de las competencias establecidas en este Decreto", menciona el documento.
Finalmente, la corporación advirtió que este decreto podría generar una serie de conflictos por la falta de claridad en las competencias de las comunidades y las Corporaciones Autonómas Regionales.