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Comienza la dilación del proceso por el uso indebido del Estadio Murillo Toro, tal y como ocurrió con los piques ilegales

El nuevo juicio que enfrenta el exalcalde Andrés Hurtado buscaría librarse de este nuevo proceso a punta de aplazamientos.
Ibagué
Autor: Redacción Justicia
Autor:
Redacción Justicia
Comienza la dilación del proceso por el uso indebido del Estadio Murillo Toro, tal y como ocurrió con los piques ilegales
Foto: Archivo particular

La defensa del exalcalde de Ibagué Andrés Hurtado buscaría emplear la misma estrategia jurídica que utilizó durante el juicio de los piques ilegales del Aeropuerto Perales para librarse del nuevo proceso que enfrenta por el uso indebido del Estadio Manuel Murillo Toro, escenario público que utilizó para celebrar los cumpleaños de su hijo menor, el sábado 6 marzo de 2021, entre las 3:00 y 6:00 de la tarde. (Ver: Revelaron detalles de la pomposa fiesta del hijo de Hurtado en el estadio Manuel Murillo Toro e imputaron cargos al Alcalde de Ibagué y al Gerente del Imdri)

Hurtado es procesado, junto al exgerente del Imdri Alejandro Ortiz, por el delito de peculado por uso, uno de los cargos que enfrentó en el pasado por la utilización de la pista de la terminal área para la realización de competencias automovilísticas no autorizadas por la Aeronáutica Civil. (Ver: Contratista de la Alcaldía habría financiado supuesta fiesta en el Estadio Murillo Toro, denuncia concejal Correa)

Esta semana, el juez Séptimo Penal del Circuito, Norberto Ferrer Borja, programó la audiencia preparatoria de juicio en contra de Hurtado y Ortiz, pero la diligencia poco o nada avanzó porque la defensa de los exfuncionarios tuvo varios reproches sobre los procedimientos de la Fiscalía General de la Nación en el recaudo de las pruebas y la selección de los testigos.

Por ejemplo, el equipo jurídico del exitoso y costosísimo abogado Iván Cancino, defensor de Hurtado, argumentó que el ente acusador habría obtenido de manera ilegal las placas de los vehículos de los invitados a la fiesta del hijo del exalcalde. También alegó supuestas inconsistencias en la adquisición de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa El Trébol, encargada de la seguridad del Estadio Manuel Murillo Toro.

Adicionalmente, los abogados del exmandatario sostienen que se habría violado el derecho a la intimidad de los adultos y los menores que departieron en el evento social que tuvo lugar en el máximo escenario deportivo de los tolimenses.

“En esa medida, las limitaciones al derecho a la intimidad, al igual que la de cualquier otro derecho fundamental, deben respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en el contexto de un sistema democrático”, argumentó la defensa del exalcalde y ahora precandidato a la Gobernación del Tolima.

No obstante, la fiscal del caso respondió que ninguna de las aseveraciones hechas por la contraparte eran ciertas y que el recaudo de las pruebas fueron avaladas por un juez de control de garantías.

Asimismo, el juez se refirió a la supuesta violación de la intimidad de los asistentes a la fiesta y dijo que primaba el interés general sobre el particular.

“No existe ninguna ilegalidad tampoco en la recolección de los videos o grabaciones del Estadio de esta capital, como quiera que en primer lugar, se trata de un espacio público, en segundo lugar, sin expectativa razonable de intimidad, como quiera que fue permitido la observación de los eventos que allí se llevaron a cabo por varios terceros, en tercer lugar, resulta razonable y proporcional para este Juzgado, las elucubraciones efectuadas a la Fiscalía, en el sentido que aquí prima el interés procesal, se está investigando al probabilidad de que se haya infringido una conducta punible que atenta contra la administración pública y ello es de interés de la sociedad, de la comunidad, que propugna porque se disipe cualquier manto de duda que se cierna sobre sus gobernantes y por ende, aquí prima el interés general sobre el particular”, subrayó el juez Ferrer Borja.

Sin embargo, pese a las evidencias y a la legalidad de las pruebas, el funcionario judicial decidió conceder la apelación a la defensa de Hurtado y será la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial la que decida si son válidos los reproches de la defensa o no.

Este recurso buscaría ganar tiempo, como hizo en el pasado el abogado Humberto Escobar, quien logró, apunta de aplazamientos y apelaciones, prescribir el proceso penal que enfrentó Andrés Hurtado por el uso indebido del Aeropuerto Perales. (Ver: Juez de los ‘piques’ le dio la buena noticia a Hurtado: precluyó el delito de peculado por uso)

Debido a esta apelación, el juez Norberto Ferrer Borja se abstuvo de fijar la fecha del inicio del juicio de Hurtado y Ortiz por el delito de peculado por uso.

Esta sentencia, de resultar condenatoria, frustraría la candidatura a la Gobernación del Tolima. Por eso, muchas fuentes en el Palacio de Justicia de Ibagué anticipan que prescribirá.

 

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