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El desgobierno que se vive en Ibagué y el Tolima no solo se manifiesta a través de la ineficiencia administrativa, sino también por medio de la inexistente gestión para jalonar recursos de la Nación que puedan ser invertidos en el desarrollo de nuestra ciudad y departamento.
Después de cinco meses en sus cargos, la alcaldesa Johana Aranda y la gobernadora Adriana Matiz siguen administrando con las banderas políticas de los clanes que las llevaron al poder. Justamente, ese sectarismo y arrogancia les ha impedido tocar las puertas del Gobierno Nacional para conseguir recursos que beneficien a la población.
Tanto a Aranda como a Matiz se les ha olvidado que están gobernando para toda la ciudadanía, no solo para aquellos que votaron por el “hurtadismo” o el “barretismo”. Es por ello que, probablemente, consideran que desarrollar proyectos junto con el Gobierno del Cambio puede representarles una desventaja en futuras contiendas electorales.
Mientras en otras regiones del país el Gobierno Nacional ha llegado hasta los territorios más apartados (por ejemplo, con los equipos básicos de salud), Ibagué y el Tolima siguen demostrando negligencia, o desinterés, para que a nuestro departamento lleguen programas exitosos en otras regiones.
Así pues, a esta ineficiencia e incapacidad de gestión por parte de las mandatarias se suman la inexperiencia y el egoísmo político de nuestros congresistas tolimenses. Por un lado, la bancada Conservadora y, por el otro, supuestos liberales y progresistas aliados con el uribismo, todos ellos preocupados por evitar que el Gobierno del Cambio deje una huella en nuestra ciudad y departamento.
Por fortuna, hoy en día los tolimenses, por primera vez en muchos años, tenemos una importante participación en el Gobierno Nacional. Lejos del partidismo y los cálculos electorales, sabemos que existe plena disposición para que tanto Ibagué como el Tolima se beneficien con proyectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
