Investigación determinó que el 90% del personal médico del Tolima estigmatizó a mujeres que interrumpieron su embarazo

Por estereotipos y prejuicios sobre el aborto, el 90% de los funcionarios de la salud en el Tolima estigmatizaron a las mujeres que buscaban acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Así lo reveló una investigación realizada entre los años 2018 y 2021 por parte de los grupos La Mesa e Imagina, quienes buscaban diagnosticar cuáles eran las grandes barreras que encontraban las mujeres de la región para acceder a este procedimiento.

Según comentó Fernanda, una de las investigadoras, luego de haber conocido la experiencia de 120 mujeres de los municipios de Ataco, Ibagué, Líbano y Melgar, se logró concluir que solamente un pequeño porcentaje del personal médico, no calificaba a las mujeres como irresponsables.

“Aquellos que hacen esas calificaciones siguen cayendo en el error de pensar que solo ellas son las responsables de planificar, ignorando que también hay un rol que puede, y debe jugar el hombre”, agregó.

A pesar de que varias mujeres podían acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, dentro del marco establecido por la ley, existen varios casos en los cuales el personal médico o el mismo entorno social y familiar hacían tortuoso un procedimiento que debiese ser ameno y, en la medida de lo posible, lo menos traumático.

“Por ejemplo, una mujer señalaba que fue a realizar un aborto, pues ya tenía cuatro hijos y no contaba con los recursos, pero los médicos le hicieron una ecografía para que escuchara los latidos, por lo que decidió retractarse”, señaló.

Además, se encontró que la mayoría de los profesionales de la salud se resguardan en el derecho a la objeción de conciencia para negar la interrupción del embarazo, convirtiéndose así en una de las principales barreras para el ejercicio de este derecho.

Ello explica por qué suelen abundar casos en los cuales, pese a que las instituciones públicas de salud de la región están en la obligación de realizar el procedimiento, las mujeres gestantes terminan pagando para que este se realice de manera particular.

“Aunque nosotros podemos acceder a este servicio de salud, ya sea a través del sistema contributivo o subsidiado, muchas de las personas consultadas, debido a la existencia de tantas barreras, prefieren pagar de manera privada en una IPS”, agregó Ángela Isabel Mateus, profesional de Trabajo Regional de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

La situación preocupa, pues más de la mitad de las mujeres del departamento viven en la zona rural y sus condiciones económicas no son las más favorables.

“Todo esto responde, al final de cuentas, a que El Tolima es una región que todavía es muy conservadora, por lo que la salud sexual y reproductiva se sigue viendo desde un enfoque eclesiástico, donde se desconoce el desarrollo social y psicológico de las personas”, agregó Fernanda.

De cara al futuro

Todos estos resultados implican retos de cara a lo que es la ampliación al derecho al aborto, según sus propias razones y sin la amenaza de cárcel, durante las primeras 24 semanas de gestación, que tuvo lugar hace más de un año en el país, producto del fallo de sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional.

Lo anterior, debido a que, como lo revela la investigación, las instituciones de los sectores Salud, Protección, Justicia y Educación del departamento, no cuentan con los conocimientos necesarios frente al marco legal que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, convirtiéndose en un obstáculo administrativo.

Además de que muchas de las mujeres también desconocen el marco legal, lo cual impide que puedan enfrentar las dificultades e interponer quejas frente a las fallas de los servicios de salud. 

Con todo y eso, colectivos como La Mesa vienen haciendo acompañamiento a aquellas personas que hayan tomado la decisión de no continuar su embarazo, con el objetivo de que no sean vulnerados sus derechos.

Sin embargo, dicho número sigue siendo relativamente bajo en el Tolima, toda vez que en el primer año de la sentencia solamente se atendieron tres mujeres.

“De allí la importancia de educar y que nuestros profesionales conozcan qué procedimientos y rutas deben realizar ante estos casos, pues varias siguen estando solas”, concluyó Mateus.