El millonario negocio que habría generado la pelea de Hurtado con la Contralora Municipal

Un fallido contrato para la gasificación de la zona rural de Ibagué habría sido la causa del enfrentamiento entre la contralora municipal Edna Margarita Murcia y el alcalde Andrés Fabián Hurtado.

En un principio solamente se conoció la denuncia que en diciembre de 2022 hizo Hurtado durante un encuentro con el Contralor General de la Nación, Carlos Hernán Rico, indicando que estaría siendo extorsionado por la contralora y su esposo Antonio Fajardo Rico.

El mandatario dijo en ese entonces que las contralorías municipales: “son empresas de extorsión y persecución política” y aseguró que el ente fiscalizador municipal está bajo el mando del esposo de la contralora.

EL OLFATO supo que detrás de esta confrontación estaría un millonario contrato de gasificación rural, en el cual se interesó en el 2022 la empresa Gaso Colombia SAS E.S.P., con NIT 901.445.146-5. La entidad hizo unos estudios y diseños, pero inexplicablemente el contrato se les cayó.

Todo parece indicar que la discusión se centró en que uno de los miembros fundadores de la empresa, John Fernando Ávila Melo, es esposo de Leidy Soraida Alzate Feria, quien es madre de su hijo y es la actual directora financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué.

Ávila Melo, además, sería una persona muy cercana a la contralora Murcia Mejía y su esposo, lo cual podría configurarse en un conflicto de intereses y hasta una causal de inhabilidad para suscribir ese tipo de contratos.

Según la ley 80 de 1993, del Estatuto General de Contratación de la Administración: “Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivos, asesor ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante”.

No se sabe qué pasó

No se sabe aún por qué la Alcaldía decidió no adjudicar el contrato a la empresa o qué generó que el alcalde hubiera salido a los medios a denunciar las presuntas presiones de la Contraloría.

Gaso Colombia SAS E.S.P. sin tener el contrato asignado, ni firmado, habría creado la necesidad de gasificar esas zonas porque los campesinos cocinaban con leña.

Llegó hasta los corregimientos donde adquirió en comodatos unos predios, que hasta el momento no han regresado a sus propietarios y la empresa que ganó el contrato no puede tomarlos.

La exsecretaria de Desarrollo Rural, Soledad Orozco, al ser indagada por el tema de Gaso Colombia, señaló que esta empresa estaba haciendo el proceso, como el diagnóstico para hacer la propuesta. Ella estuvo en dos fases de la misma y en la última ya estaba adelantado el proceso técnico.

Confirmó que el recurso que se aprobó inicialmente fue de $4.100 millones, donde los costos de un convenio de asociación y la interventoría subirían.

“Inicialmente esos centros poblados que se identificaron, estaban dentro de las metas del plan de desarrollo. Eran todos los centros poblados del Cañón, el único centro que tiene gas es Cay y el resto ninguno tiene ese proceso”, aseguró Soledad Orozco.

La exsecretaria de Desarrollo Rural recordó que hubo otra empresa antes del inicio de la estructuración del proyecto y que Gaso Colombia hizo el estudio.

“Hasta ahí, porque tenía que venir el componente técnico. El tema precontractual y contractual estaba con la parte jurídica de la Alcaldía”, dijo Orozco.

La exfuncionaria de la Alcaldía al ser indagada sobre si sintió presión, señaló que no, porque no sabía de dónde era la empresa y agregó que a John Fernando Ávila Melo lo había visto porque la esposa de él, según Orozco, es como bailarina y cantante. Tuvo contacto en algún escenario y no se le hizo tan desconocido.

“Pero que yo hubiese sentido alguna presión, no. Ni siquiera sabía de dónde era”, aseveró Orozco.

Alcaldía sacó nuevo proceso

El Olfato contactó a John Fernando Ávila Melo, quien señaló que no había conflicto de intereses por el cargo que tiene su esposa, Leidy Soraida Alzate Feria en la Contraloría Municipal.

Enfatizó que su esposa lleva un año en la Contraloría, no es generadora del gasto y se encarga de auditar los procesos. Aceptó que es amigo de varios años de Antonio Fajardo, esposo de la Contralora Municipal.

“Cuando hicimos el desarrollo del convenio no existía ella en el cargo donde está y después de que ya estaba no tenemos el convenio, pues realmente no había impedimento. Realmente no hay”, dijo Ávila Melo.

No tiene claro por qué no les dieron el contrato, no tiene claridad sobre el mismo. Todo lo que radicaron lo ‘usufructaron’, lo llevaron a cabo e hicieron un convenio con una empresa que, según él, tiene falencias en su parte legal.

“Nos robaron los diseños de gas, hicimos un trabajo encomendado por el Alcalde de Ibagué y la secretaria de Desarrollo Rural en su momento, la doctora Soledad Orozco, con miras a generar el convenio de gasificación en zona rural. Hicimos todo, nos pusieron algunas trabas con un tema que no es legal, pero dimos el brazo a torcer con el tema de la interventoría”, dijo Ávila Melo.

En cuanto a los lotes cedidos por la comunidad, agregó que cuando se diseña el proyecto de gasificación, debía tener claro el lugar por dónde iban a pasar las redes para diseñar el presupuesto. Los predios están a nombre de Gaso Colombia y no los pueden utilizar.

“No tenemos ningún problema en devolverlos a la comunidad pero debemos hacer el trámite que es lo que estamos reclamando ante la Alcaldía. Páguenos los diseños con eso hicieron el empréstito, trabajaron la parte de subsidios a la comunidad e hicieron todo el proyecto. Nos pagan y devolvemos lo que tenemos porque no vamos a ejecutar todo el proyecto”, aseveró Ávila Melo.

Comunidad afectada

Diego Mauricio Fuentes, líder comunitario de San Juan de la China, contó que hace un año llegó un ingeniero que les informó sobre la instalación de gas que beneficia a 125 familias del centro poblado. 

A la entrada de San Juan de La China ubicaron el predio, el cual fue cedido a 20 años en comodato con un documento a través de una notaría para la instalación de un tanque de gas.  Luego de una visita del Alcalde al centro poblado se enteraron que había una nueva empresa. 

“Según el ingeniero de la nueva empresa, el predio no cumplía con los requisitos exigidos para la instalación del gas. Dado el caso no les hubiera servido; que lo devuelvan”, dijo Fuentes. 
Javier Manco Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Bernardo, mostró su preocupación por que no sabe cuál fue el criterio o los requisitos para contratar a la empresa. 

Reconoció el tiempo y el trabajo adelantado por los ingenieros de Gaso Colombia: “Estos predios que dimos para la empresa, ya tiene un comodato y no se puede dar un comodato con otro comodato. Se tiene la necesidad de iniciar el proyecto para empezar en el predio anterior y la empresa no ha ido a devolverlos. Además, requiere que el dueño del predio vaya a la notaría y vuelva a reclamar. Eso genera un costo para el campesino”, aseguró Manco. 

Los líderes interesados en este proyecto de gasificación están colaborando para que se cumpla, pero Gas Unión S.A.S recibió el contrato sin tener los predios de 100 metros cuadrados, los cuales, en el caso de San Bernardo, están ubicados a la salida hacia San Juan de la China.

No hay claridad sobre las causas del por qué el contrato con Gaso Colombia no se ejecutó. Será la Fiscalía la que se encargue de investigar, porque a pesar de la relación de amistad con la Contralora y conociendo el régimen de inhabilidades, decidieron seguir adelante.