Condenan a excomisaria de familia del Líbano por omisión en el homicidio de la niña Sarita Salazar

La excomisaria de familia del Líbano Katherine de Los Ángeles García Rodríguez fue condenada por los delitos de prevaricato por omisión en concurso heterogéneo con prevaricato por acción.

De acuerdo con la Fiscalía, la decisión tiene que ver con las irregularidades que se detectaron en el proceso de protección de Sarita Salazar, la menor de tres años de edad que falleció por su estado de desnutrición y maltrato físico severo en el 2017.

La niña se encontraba bajo custodia de sus padrinos, con el aval de la hallada culpable, luego de ser entregada por su madre quien adujo no contar con los recursos económicos suficientes para mantenerla.

Un despacho seccional del mencionado municipio que conoció la investigación logró determinar que la exfuncionaria no cumplió con sus funciones al no garantizar, proteger ni reparar los derechos de la menor.

Lo que sucedió

La comisaria suscribió un acta de custodia solidaria para dejar a cargo de los padrinos a la niña. No obstante, este no era el procedimiento adecuado, pues no se trataba de un asunto conciliable.

Además, debió haberse apoyado en otras entidades o figuras solidarias; buscar familia extensa o un hogar sustituto y asegurar así su protección, pues no se revisó jamás cuál era la situación de los padrinos ni su entorno familiar.

Meses después de que la pareja quedó con su custodia, la pequeña ingresó al hospital con una picadura de abeja en su rostro.

En esa oportunidad los médicos detectaron, además, que la niña se encontraba en estado de abandono, con signos claros de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación, lo que fue informado debidamente a las autoridades competentes, entre ellas a la comisaria García Rodríguez.

Poco después se reportó el detrimento del estado de salud de la menor de edad, pero se logró comprobar que nunca acudió a verificar su situación. Posteriormente la niña murió.

Para la Fiscalía, la mujer actuó de manera negligente, se saltó todas las normas legales e hizo caso omiso a las alertas que las autoridades competentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le notificaron, negándose a restablecer los derechos de la pequeña.

La procesada renunció a su cargo un mes después de la muerte de la niña, exactamente, el 21 de abril del 2017.