“Los problemas del departamento se solucionan con buena planeación”: director del Centro de Estudios Regionales de la U. del Tolima

El Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima (CERE) publica esta semana su segundo informe de seguimiento, y el primero en que intenta evaluar qué tanto ha aportado la implementación del Plan de Desarrollo del gobernador Ricardo Orozco a la solución de los problemas del departamento.

En este documento, el centro de pensamiento analiza los avances del gobierno con corte al 31 de diciembre de 2021 en asuntos centrales como la pobreza y la desigualdad, la paz y la seguridad, y la gestión ambiental, con base en el análisis de casi 400 metas de producto del Plan.

La evaluación de la vigencia 2022 ya está en curso y se concentrará en los indicadores de resultado del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), pero las trabas en el acceso a la información presupuestal, la ausencia de líneas base rigurosas y una aparente falta de transparencia en general, dificultan las labores del CERE.

El director del Centro, Andrés Tafur, habló con EL OLFATO, sobre este análisis:

¿Por qué es importante este tipo de informes?

Porque los planes de desarrollo son el instrumento a través del cual, desde el ejecutivo - desde los alcaldes hasta el presidente de la República - se orienta el gasto público para solucionar los grandes problemas sociales y promover la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Y como estamos hablando de recursos públicos, de lo que se trata de analizar es, de una parte, si se está planeando bien y si se está ejecutando lo que se planeó, y de otra, si con todos los recursos estatales puestos a disposición, se están produciendo resultados.

En últimas, lo que nos interesa saber es si el Plan de Desarrollo sí le ha dado un golpe al mundo o si todo está muy bien, pero solo en el papel.

¿Cómo se construyó el informe, metodológicamente hablando, y cuáles son las fuentes?

La principal fuente es la misma Gobernación del Tolima. Analizamos sus informes de ejecución, y toda la información consignada en el sistema ejecutor, que aunque sigue siendo una herramienta precaria para hacer el seguimiento de la gestión, da cuenta en algunos casos de manera detallada de la ejecución de las metas de producto del Plan. Estamos hablando de casi 400 metas.

Con esa información surtimos la primera parte del trabajo, que corresponde al seguimiento, es decir, qué tanto de lo planeado se ha ejecutado. Tanto la Secretaría de Planeación, como la Asamblea Departamental y el Consejo Territorial de Planeación, se quedan en ese nivel del análisis.

Nosotros fuimos más allá. Nos interesa ver si lo planeado - tal como fue concebido - y lo ejecutado, se acercan a los propósitos del mismo Plan de Desarrollo en términos de transformar el territorio y la calidad de vida de la población. Es decir, más que la lista de chequeo, nos interesan los resultados.

¿Qué encontraron en este informe, cómo evalúan la gestión del Gobierno Departamental?

Encontramos síntomas en la planeación que le generan rezagos al Gobierno Departamental, y por supuesto al departamento, particularmente en materia de desigualdad y pobreza, en paz y seguridad, y en los asuntos ambientales.

El primero tiene que ver con metas desconectadas de instrumentos de planeación nacional, que provocan bajos impactos en la solución de problemas. Este es el caso de la reducción de la pobreza.

Evidenciamos que de un total de 57 metas de producto que quedaron en el Plan de Desarrollo, que supuestamente apuntan a la reducción de este problema, solamente seis responden a los indicadores de resultado y a las metas trazadoras del Gobierno Nacional para 2030, estimadas en el Conpes 3918 de 2018.

Eso significa que aparentemente hacemos mucho, pero en la realidad no impactamos nada.

El segundo síntoma tiene que ver con la desatención de los instrumentos de planeación, las directrices de los entes de control y las recomendaciones del Consejo Territorial de Planeación. Este es el caso de los elementos centrales de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Solamente se dejaron ocho metas de producto y una de resultado para articular con los compromisos institucionales de la implementación del AFP, que alcanzan alrededor de 558 disposiciones. Estamos hablando de los compromisos concretos, observables y medibles, según el Instituto Kroc (organización avalada por el propio Acuerdo para medir la implementación).

Esto deja ver que el Plan de Desarrollo del Tolima no acogió sino el 2% de los compromisos concretos del Acuerdo, pese a la fragilidad de la paz en el departamento y a las recomendaciones del Conpes 3932 de 2018, que fijó los lineamientos para la articulación del Plan Marco de Implementación (PMI) del AFP con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial; y según la Directiva 007 de 2020, de la Procuraduría General de la Nación.

Finalmente, el tercer síntoma tiene que ver con metas bien orientadas, pero con bajos niveles de ejecución. Este es el caso de los asuntos ambientales en el pilar de Sostenibilidad.

En este caso se establecieron bien los propósitos de cara a los retos en este sector, no obstante, sus metas de producto y de resultado no han sido priorizadas en la ejecución del Plan de Desarrollo. Esto puede deberse al escaso liderazgo de la Secretaría de Ambiente con respecto a los temas de su resorte.

¿Y con respecto a los recursos, qué tienen para decir?

Este es un tema delicado porque ha sido muy difícil acceder a la información. Durante la investigación que adelantamos para la evaluación de la vigencia 2022, tuvimos que radicar tutela porque Planeación no nos respondió a través de derecho de petición. Y al final, tampoco nos entregaron la información porque supuestamente no la tienen en el nivel de detalle que la estamos solicitando.

Básicamente, lo que requerimos es que se discrimine la inversión presupuestal por municipios. Fue gracias a que el año pasado el informe a la Asamblea contó con esa información a ese nivel de detalle, que logramos acceder a ella. No entendemos por qué Planeación departamental le niega esta información al CERE.

El asunto central que nos compete tiene que ver con el análisis de las desigualdades territoriales, desde el punto de vista de la asignación presupuestal. El punto es que no vemos un criterio técnico para la distribución de las inversiones, de manera que lo que encontramos es que los municipios y subregiones más rezagadas del departamento se mantienen en una suerte de apartheid institucional, sin acceso a fuentes de recursos nacionales ni departamentales, y con un nivel de recaudo extraordinariamente bajo.

Me explico: son municipios que no tienen dolientes en el Congreso que gestionen por ellos ante los ministerios (probablemente porque no ponen muchos votos), no tienen el músculo técnico para formular proyectos a través de los cuales puedan gestionar recursos frescos, no reciben regalías directas y tampoco son incluidos en los proyectos de alcance departamental.

Para rematar, están sin catastro y con iniciativas privadas precarias, pues tampoco tienen cómo financiarse a través del cobro de impuestos. Necesitan las inversiones del Gobierno Departamental.

Ojalá podamos contar con información de detalle de la inversión del presupuesto, pero también, con la de otras fuentes de recursos, como los de las regalías. Ya pasaron 10 años desde que se modificó el sistema de distribución de esa plata, yo creo que estamos en mora de una buena evaluación sobre cuáles son las obras y las transformaciones que las regalías le han dejado al departamento.

¿Qué dificultades tuvo este trabajo?

Pues el primero es la indiferencia. Yo creo que en el Tolima no hay una cultura de reconocimiento a la labor de la academia en estos asuntos. Pareciera que se ve a las universidades solamente como expendederos de títulos, y ya. Y no, las universidades estamos para la formación, pero también para la investigación y la extensión. Este, en particular, es un asunto clave: la generación de conocimiento técnico para mejorar la gestión de lo público.

El segundo tiene que ver con lo que ya expresé sobre el acceso a la información, de dos maneras: por un lado porque hay muy poca información de calidad. Eso de que estamos “sobrediagnosticados” es falso de toda falsedad, antes es todo lo contrario: siento que en este departamento tomamos decisiones de política que implican grandes inversiones de recursos, sin mayor sustento técnico.

Entonces, prácticamente la información relativamente consistente con la que se cuenta es la del nivel nacional sobre el Tolima, porque es muy poco lo que se produce acá. Y ese es el reto del CERE como centro de investigación: producir esa información.

Y el otro, pues la información disponible no la entregan, apelando a supuestos normativos que dejan mal parada a la Secretaría de Planeación desde el punto de vista de la transparencia.

Mire lo que nos pasó ahora que estamos tratando de construir una propuesta metodológica para medir la pobreza indígena en el Tolima: no tienen información por ninguna parte, no hay diagnósticos, no hay datos, nada. Ni censo. Todo lo solicitamos también por derecho de petición y tutelas, radicamos siete, porque no nos respondieron nada.

En todos los casos nos remitieron a otras entidades como ministerios y a Prosperidad Social, y cuando consultamos por acciones concretas dirigidas hacia pueblos étnicos, no hay información. Ese es solo un caso.

Y bueno, este tipo de trabajos comprometen grandes retos desde el punto de vista metodológico y de sistematización de la información, de análisis y de divulgación, para que los hallazgos y las recomendaciones lleguen a la ciudadanía.

Finalmente, está el reto de la independencia, porque siempre hay quien quiere que la academia haga parte del comité de aplausos, y no estamos para eso.