Por falta de escenarios deportivos, Ibagué perdió más de 350 nadadores competitivos en siete años

Frustrados, sin mayores avances e incluso algunos retirados por falta de escenarios están los deportistas de Ibagué, luego de siete años del desfalco en la ciudad con las obras para Juegos Nacionales 2015.

A pesar de que las ligas y los clubles hacen grandes esfuerzos por continuar sus labores y alquilan espacios para que los deportistas entrenen, no cabe duda de que el deporte ibaguereño se frenó con los problemas que se presentaron con los trabajos.

Durante el foro que lideró esta semana El Olfato, con el apoyo de Usaid, Juan Fernando González, director técnico de Liga de Actividades Subacuáticas, indicó que se tuvo hacinamiento en las piscinas con casi 500 deportistas diarios que estaban en preparación. Además, varios clubes y generaciones tuvieron su fin porque no encontraron la manera de continuar con los procesos de formación.

“Tuvimos que utilizar piscinas privadas, pero los costos son muy altos, entonces llegamos al dilema de si pagamos el alquiler o compramos materiales. Lo que podría ser inversión en el crecimiento para los deportistas se va en alquiler de piscinas”, relató.

El dirigente deportivo aseguró que solo en natación, nado sincronizado, waterpolo y clavado se calcula que se perdieron 350 deportistas que dejaron a un lado su proceso mientras esperaban la apertura de las piscinas.

Tres años para subsanar los errores

El desfalco con las obras para Juegos Nacionales se dio en el 2015, cuando en la administración del alcalde Luis Hernando Rodríguez comenzó la contratación para adecuar los escenarios deportivos a las necesidades técnicas para estas justas deportivas. Sin embargo, pocas de las obras avanzaron.

Diana Ximena Cepeda, exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri) durante la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo y quien participó en el foro, aseguró que durante esa alcaldía no se entregaron escenarios porque las obras se reiniciaron solo hasta el 2019, luego de tres años que se necesitaron para reorganizar la contratación, recuperar recursos y de nuevo licitar obras, es decir, para subsanar los errores cometidos.

“Teníamos que revisar muy bien para liquidar contratos, pero la información no era precisa, tuvimos que empezar de cero para luego iniciar la nueva contratación. Al final del 2017 logramos liquidar contratos existentes y comenzar la devolución de recursos a Coldeportes, además de ajustar los diseños porque había muchas inconsistencias, pues no eran viables, no cumplían con las características técnicas requeridas”, explicó la exfuncionaria.

Cepeda aseguró que se lograron recuperar recursos y a partir de eso, se inició el trámite de la licencia ante la Curaduría, además de que se enviaron los diseños a revisión del Ministerio de Deporte, con el fin de corroborar que se cumplieran las condiciones técnicas para eventos competitivos e internacionales. Así, a finales del 2018 se obtuvieron los permisos de construcción.

La exfuncionaria aseguró que mediante pólizas de los contratos se lograron recuperar $23 mil millones, además de $18 mil millones más con la del Parque Deportivo, y con esos recursos se hizo una convocatoria de bancos para salvaguardar los dineros en un CDT que dio rendimientos por cerca de $700 millones que se invirtieron en obras.

“Con la piscina de la calle 42, las audiencias fueron públicas y transparentes, había una proponente con experiencia a quien se le adjudicaron las obras, pero en la ejecución no se avanzó, entonces se terminó el contrato y se interpusieron sanciones que dejaron en caja cerca de $2.500 millones, esto fue en marzo del 2020. En total, con las sanciones a contratista e interventor se recuperaron $3.200 millones”, indicó Cepeda.

Resaltó que las obras que está entregando la actual administración municipal se iniciaron en la anterior alcaldía, a pesar de las múltiples dificultades. Entre ellas están el patinódromo, ya avalado por la federación internacional, y se avanzó en el 80% del Parque Deportivo y el 30% del Coliseo Multideportes. “Nos queda la satisfacción de que entregamos escenarios competitivos para eventos internacionales, el resto son egos o situaciones políticas, pero la finalidad más importante era cumplirles a los deportistas. Lastimosamente la piscina no se logró hacer, pero se salvaguardaron los recursos con responsabilidad”.

Agregó que la anterior administración municipal sí tomó otras medidas para el apoyo a las ligas, clubes y deportistas, pues se contrataron varias piscinas para generar los espacios  de entrenamiento, además de que el Imdri entró a administrar las que están en funcionamiento, con el fin de ofrecer mejores precios e incluso tarifa cero. A eso se suma la vinculación laboral de deportistas en actividades del Iinstituto como la ciclovía, donde trabajaron como vigías.

El papel de la veeduría

Desde el lado de la ciudadanía, el veedor de Juegos Nacionales, Humberto González, manifestó que, aunque hicieron varias denuncias sobre los recursos y obras, los entes de control no les prestaron atención.

Dijo que el grupo de veedores comenzó su trabajo en el 2013, cuando la alcaldía manifestó su idea de vender la Unidad Deportiva de la 42 para hacer viviendas. “Organicé el 28 de septiembre del 2013 una cadena humana alrededor de los escenarios, ante las pretensiones de la alcaldía de convertir la unidad deportiva en un centro residencial. Así comenzamos con todas las obras, identificamos qué estaban haciendo, revisamos los avances, solicitaba una relación de los costos de la contratación e interponía la denuncia pidiendo investigación. Veíamos que siempre había una adición presupuestal, pero si se había establecido un diseño, había que respetarse y no era necesaria una adición”, manifestó.

Resaltó además la importancia de los escenarios, teniendo en cuenta que el deporte trasciende en el bienestar de toda la comunidad, y calcula que cerca de 50 mil personas, entre niños, jóvenes y adultos de Ibagué llevan la frustración desde hace siete años.

Es clave despolitizar los entes de control

Julián Arévalo Pedraza, coordinador programático de Inclusión Social en Foro Nacional por Colombia Región Central y del programa Juntos por la Transparencia, expresó que no deja de ser frustrante que se sigan presentando estas situaciones de corrupción, pues las poblaciones resultan siendo las más afectadas.

Sin embargo, destacó que las denuncias y decisiones jurídicas, además del descontento social, dejan precedentes de que la corrupción no tiene cabida y de que hay una fuerza ciudadana que está presta a denunciar.

Indicó que desde Juntos por la Transparencia han identificado que el mayor desafío para evitar estos hechos es acabar con la politización de los entes de control en todo el país, además de mejorar el marco sancionatorio, pues sigue siendo débil, teniendo en cuenta que los casos son recurrentes y afectan a las comunidades. “Porque esto deja el mensaje de que ser corrupto paga”, afirmó Arévalo.

Añadió que desde la organización que representa se adelantan acciones articuladas con las diferentes entidades del programa, sobre todo en el sur del Tolima, donde se trabaja con las comunidades, se hace acompañamiento a las administraciones locales y se adelanta pedagogía con la institucionalidad pública.

“Estamos propiciando escenarios de diálogo entre la institucionalidad y la sociedad civil para no catalogar al veedor como una piedra en el zapato, sino como un participante para mejorar las condiciones de vida. Tenemos la Escuela Ciudadana de Participación y Transparencia, con módulos de formación”, finalizó el coordinador.

Entre las decisiones de los entes de control por el desfalco de Juegos Nacionales en Ibagué, en mayo de este año la Contraloría General de la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $33.758 millones contra el exdirector de Coldeportes Andrés Botero Phillipsbourne, el exalcalde de Ibagué Luis Hernando Rodríguez, una funcionaria de su administración, el exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación Carlos Heberto Ángel, y dos funcionarios de esta entidad, así como un contratista del proyecto.