Exalcaldesa de Lérida Carolina Hurtado habría pagado obras no ejecutadas por un contratista
Síguenos en Google News
Por avalar el pago de obras no ejecutadas en favor de un contratista, la Contraloría del Tolima abrió proceso de responsabilidad fiscal en contra de la exalcaldesa de Lérida Carolina Hurtado Barrera (2016 -2019). (Ver: Los líos de la exalcaldesa de Lérida Carolina Hurtado por irregularidades en el PAE )
La exmandataria deberá responder por el posible detrimento de $35 millones bajo la ejecución del contrato 365 de 2015 cuyo objeto era la elaboración de los diseños e instalación de luminarias led para la modernización del alumbrado público en el Municipio.
El valor del contrato era por $2.128 millones y fue adjudicado a la Unión Temporal Lérida Luminarias Led integrada por las firmas: Ingeniería y Servicios (Inces), representada por Jairo Toro Rodríguez y Distribuidora Catama, representada por Carolina Tamayo Palacios. (Ver: Embargan bienes a la exsecretaria de Cultura Ángela Viviana Gómez por alumbrado navideño de 2015)
Según el ente de control, se pagaron obras no ejecutadas o que no correspondían con los informes finales, planos récords, actividades inconclusas, etc., en favor del contratista.
El contrato fue liquidado a finales de 2019 y sin verificar y evaluar correctamente las condiciones de las actividades ejecutadas. (Ver: Personería investiga presuntas irregularidades de contratación en Infibagué)
Para el ente de control, hubo falencias en la evaluación, seguimiento y control por parte los funcionarios de la Alcaldía Municipal y de la interventoría.
En cuanto a Hurtado, se le vínculó porque al haber sido la ordenadora del gasto ordenó el pago "sin revisar, verificar y ordenar si la Unión Temporal ejecutó la totalidad de las actividades contratadas".
"Carolina Hurtado Barrera (...) estaba en la obligación de velar por la adecuada utilización de los recursos humanos, técnicos y financ¡eros de la entidad y por el cumplimiento de las funciones de los empleados del municipio; generando esta falta de cuidado y diligencia un presunto daño patrimonial de $35'872.238", precisó la Contraloría.
En cuanto a los contratistas se les vinculó por no haber alertado al Municipio con respecto a las irregularidades que se presentaron en la ejecución del contrato.
