Corte Constitucional ordena al Tribunal Superior de Ibagué a respetar derecho de un procesado

La Corte Constitucional decidió proteger el derecho a la defensa de Boris Fernando Marín Muñoz, quien podrá impugnar ante la Corte Suprema de Justicia la pena de 12 años impuesta por el Tribunal Superior de Ibagué por hurto calificado y agravado. 

Marín Muñoz, había sido absuelto en primera instancia, pero el Tribunal Superior revocó la decisión y el 20 de enero del año pasado ordenó que fuera capturado y llevado a prisión. 

Aunque la sentencia fue leída en prensencia de él y de su abogado, no se interpuso el recurso para impugnar la decisión dentro de los cinco días hábiles a la lectura de la misma. Por esta razón, la sentencia quedó en firme. 

Sin embargo, Marín Muñoz a través de una tutela, pidió que se revocara la orden de captura, pues por irresponsabilidad de su abogado no se presentó el recurso y él no tenía conocimiento de las herramientas legales que le permitieran defender sus derechos. 

La sala de Casación Penal de la Corte Suprema resolvió negar la tutela y la cual fue confirmada por la sala de Casación Civil. 

Para la Corte Constitucional hubo una omisión por parte del Tribunal Superior al no explicar a Marín Muñoz, los derechos que tenía para que dicha decisión fuera revisada por la sala de Casación Penal de la Corte Suprema. 

"En consecuencia se ordenará revocar la sentencia de tutela emitida por la Sala de Casación Civil y se ordena al Tribunal Superior de Ibagué para que rehaga la audiencia en donde se leyó la sentencia, previniéndola para que le explique al actor, de manera clara y sencilla y en presencia de su abogado de confianza o, en su defecto, de un abogado que le suministre el Estado, sobre el derecho que tiene para que dicha sentencia sea revisada integralmente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, evento para el cual es necesario que manifieste -inmediatamente o dentro del término de ley- su deseo de que se surta tal procedimiento", sentenció la Corte. 

De igual manera, se ordenó compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que se establezca si el abogado Orlando Portillo Urueña incurrió en conductas susceptibles de sanción disciplinaria.