Fijan fecha de imputación de cargos contra el Alcalde de Ibagué y el gerente del Imdri por el uso indebido del Estadio Manuel Murillo Toro

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, parece haber salido bien librado del proceso de los ‘piques ilegales’, gracias a la estrategia jurídica de dilación y saboteo que emplearon sus abogados, y la permisividad del juez Henry Beltrán. 

Sin embargo, le acaban de notificar la fecha de imputación de cargos por otro caso similar: haber usado indebidamente el estadio Manuel Murillo Toro para celebrar la fiesta de cumpleaños de su hijo menor.

Una fiscal de la unidad de delitos contra la Administración Pública le imputará el delito de peculado por uso, luego de reunir elementos probatorios suficientes que confirmarían la realización de la celebración infantil en ese escenario deportivo oficial. La audiencia se programó para el 7 de febrero de 2022, ante el Juzgado Sexto Penal con función de garantías (Ver: Concejal Correa denunciará ante la Fiscalía el supuesto uso del estadio para una fiesta privada del alcalde Hurtado).

Peculado por uso es el mismo delito que ha logrado evadir por la utilización indebida del Aeropuerto Perales, en abril de 2014, cuando fue administrador de esa terminal aérea, y por el que habría tenido que pagar entre seis y siete años de cárcel. Su pariente, Daniel Felipe Cadena, no tuvo la misma suerte y está recluido en una cárcel, pagando una pena de 4 años y 5 meses, por haber ejecutado el plan de manipular las cámaras la noche de los ‘piques ilegales’. (Ver: Por primera vez en cuatro años apareció Hurtado en audiencia de los 'piques ilegales' y, otra vez, logró aplazarla)

Ahora, con la nueva imputación, Hurtado pasará seguramente la segunda mitad de su mandato defendiéndose en los estrados judiciales por su recurrente conducta de utilizar los bienes del Estado de manera indebida. 

Junto a él fue citado el discreto gerente del Imdri, Alejandro Ortiz, quien también deberá responder por el mismo delito, en razón a que los escenarios deportivos de la ciudad están bajo su control.  

Ortiz ha guardado silencio sobre lo ocurrido en el estadio Manuel Murillo Toro. Lo único que le dijo a un equipo de reporteros de EL OLFATO, recién ocurrieron los hechos, era que solo hablaría en la Fiscalía sobre lo que allí aconteció. 

La fiesta del hijo del alcalde

Los hechos por los que la Fiscalía General de la Nación procesó nuevamente a Hurtado se registraron el 7 de marzo de 2021, cuando se filtró la realización de la fiesta privada, al parecer, en el camerino sur (el asignado al Deportes Tolima) y la zona de traslado del estadio Manuel Murillo Toro, escenario al que le acababan de invertir más de $3.000 millones.

El concejal Rubén Darío Correa tuvo acceso a las fotografías y un video (hecho desde un dron) del evento, y denunció el uso indebido de este escenario deportivo a través de sus redes sociales. En las imágenes se observaban cerca de 40 vehículos pertenecientes a los invitados.

Un veedor, quien estaba en el estadio esa tarde de sábado, vio entrar equipos de sonido, sillas, bebidas, festones y unos agentes de Policía quienes, al advertir su presencia, procedieron a expulsarlo del escenario oficial con el argumento de que se trataba de una celebración “privada”, señaló en su momento Correa. 

El cabildante dijo que Hurtado debe enfrentar la justicia con decencia y respeto por la institucionalidad, y no pagando estrategias jurídicas dilatorias, como ocurrió durante el juicio de los ‘piques ilegales’.

"Esperamos que haya justicia para todos aquellos actos en los que los altos funcionarios claramente han violado la Ley y así se ha demostrado mediante testimonios y pruebas en los estrados. Los ciudadanos esperan resultados, no solo para el juzgamiento de los pequeños delitos o pequeños infractores, sino también para los poderosos de cuello blanco que creen estar por encima de las normas”, manifestó Correa.

Para él, no es posible que, a punta de dilaciones y tretas jurídicas, repetitivas y burlonas ante la sociedad, como aseguró, se pretenda obtener prescripciones por vencimiento de términos que a la larga se convierten en una humillación al sistema judicial y a los ciudadanos. 

“En casos como los ‘piques ilegales’ del Aeropuerto Perales, el préstamo del Estadio  Murillo Toro para una fiesta privada familiar, la construcción de la mansión de Valle Escondido, en terrenos prohibidos por el POT,  y muchos más, no nos queda más que esperar y confiar en que haya eso: JUSTICIA; así, con mayúscula", exigió.