Denuncian que subasta de la Gobernación del Tolima estaría direccionada a un solo proponente 

La Gobernación del Tolima adjudicará en los próximos días la subasta por $1.999 millones para la compra y venta de fertilizantes y concentrados. 

Tres de las empresas interesadas en el proceso: Agrocosur, Agrocorral y Márquez Asociados prenden las alertas por la presunta violación de los principios de selección objetiva, transparencia y concurrencia en el proceso de selección. 

Una fuente consultada por EL OLFATO indicó que son desproporcionados varios de los ítems habilitantes solicitados por la entidad para participar. Entre ellos, la capacidad de endeudamiento y la codificación de los insumos. 

Agrocosur, a través de un documento, remitido a la Procuraduría General, alertó sobre la falta de transparencia que está dirigida a restringir la participación de los proponentes. 

De igual manera, el empresario Andrés Felipe Márquez Afanador, quien remitió las observaciones a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General. 

La Gobernación del Tolima no modificó ninguna de las observaciones realizadas por los posibles oferentes. 

"El proceso sí va direccionado, pareciera, que hubieran revisado documentos de alguien para poder solicitar. No hay objetividad en el proceso", resaltó el profesional, quien pidió la reserva de su identidad.

Los códigos  

Márquez  Asociados  señala que los códigos de salud animal, plantación de cultivos, gestión de cultivos, y transporte de carga por carretera no guardan relación alguna con el objeto, alcance y obligaciones especificas del contrato.

"No se identifica la pertinencia de requerir al proponente experiencia derivada de realizar actividades comerciales de plantación y gestión de cultivos o de transporte de carga por carreteras para un contrato cuyo objeto es la compraventa de insumos agropecuarios", resaltó la empresa.

Por su parte, Agrocosur, resaltó que algunos de los códigos establecidos generaría la "vulneración de los principios de transparencia y selección objetiva, en la medida en los mismos impactan de forma directa las condiciones habilitantes dispuestas por la entidad, específicamente en lo que atañe a la acreditación de la experiencia general" solicitada por la Gobernación del Tolima. 

"Los códigos de la licitación son muy importantes porque vienen a determinar la clasificación de la experiencia a acreditar, si eran dos productos por qué metieron como 20 códigos más, creería que a ese proceso se presentará una sola persona. Las respuestas a las observaciones fueron vagas y no desvirtuaron las observaciones objetivamente. Simplemente se dedicaron a decir que solo se necesitaba para contratar", agregó el profesional contactado por esta redacción. 

Estados financieros 

Agrocosur también advirtió que el índice de liquidez (mayor o igual a dos) y de endeudamiento (menor o igual al 50%) fueron "exhobirtantes y desproporcionados", pues en anteriores procesos llevados a cabo por la misma Gobernación del Tolima estos fueron menores, aún cuando el monto a contratar era mayor. 

Por ejemplo, hace alusión a la subasta inversa 019 de 2019 cuyo monto a contratar fue de $5.620 millones y en el cual se le exigió al contratista un índice de liquidez igual o mayor que 1.3 y un endeudamiento menor o igual al 67.6%

"Solicito a la entidad que se modifique el contenido exigido dentro de los índices de capacidad financiera y organizacional con el ánimo de que ello no sea una restricción en la participación en el proceso de selección de contratista, sino que por el contrario permita mayor pluralidad de oferentes conforme a los postulados del estatuto general de contratación", indicó Agrocosur. 

La respuesta de la Gobernación

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Andrés Matiz Garzón, en respuesta a las observaciones realizadas por estas empresas, rechazó cada una de las solicitudes bajo el argumento que se requiere que los posibles oferentes tengan la idoneidad y experiencia. 

Y con respecto a los indicadores financieros resaltó que estos fueron establecidos porque permiten garantizar la ejecución efectiva del contrato "en los limitantes plazos de ejecución por lo que se requiere que los proponentes demuestren indicadores financieros y organizacionales robustos que garanticen la ejecución del mismo". 

Ahora, serán las entidades de control las que determinen si hay irregularidades en el proceso de contratación.