Exalcaldes de Prado deberán responder por millonaria pérdida de recursos en pavimentación de calles
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Mientras las comunidades reclaman el arreglo de sus calles, en Prado se investiga la pérdida de más de $200 millones que fueron invertidos en la pavimentación de tres cuadras en el barrio El Comercio en 2015.
La Contraloría General abrió proceso de responsabilidad fiscal en contra de los exalcaldes Néstor Augusto Trujillo Páez (2012 – 2015) y Álvaro González (2016 – 2019) por el presunto detrimento de $297 millones que fueron invertidos en la pavimentación de la carrera Quinta entre calles Novena y 12.
La decisión vincula al contratista John Henry Girón Góngora y a Helmunt Afranio Murillo, interventor del contrato 193, el cual fue suscrito el 7 de diciembre de 2015 por la suma de $315 millones y un plazo de ejecución de tres meses.
Según el órgano de control fiscal, la obra no se concluyó, solo se pavimentó dos cuadras y el contratista abandonó el proyecto.
De igual manera, lo construido se encuentra totalmente deteriorado. Para el órgano de control, hubo mala calidad en la pavimentación, incumplimiento de las especificaciones y son tan grandes los hundimientos que continuamente se registran accidentes en el corredor vial.
La Contraloría estableció que tanto la interventoría como la supervisión fallaron en el seguimiento del contrato, permitiendo generar mayores costos, obras no ejecutadas y otras de mínima calidad, afectando los recursos de regalías invertidos y perjudicando a la población beneficiaria.
“Los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría”, resaltó el órgano de control fiscal.
En cuanto a la responsabilidad de los exalcaldes se les reprocha el haber autorizado el pago de los recursos en favor del contratista, aún cuando la obra presentaba irregularidades.
