"Colombia es el país más peligroso del mundo para la defensa de la tierra y el medio ambiente", señala estudio 

Un llamado urgente al Estado y a las empresas para brindar protección a los defensores de derechos ambientales hace la Agencia Católica Internacional para el Desarrollo (CAFOD), que realizó el informe “Proteger nuestra casa común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica". 

Según la coordinadora para la región Andina, Emily Mulville, "Colombia es el país más peligroso del mundo para la defensa de la tierra". 

"Colombia es el país más peligroso del mundo para la defensa de la tierra y medio ambiente y el 2020 fue un año letal para defensores y defensoras con 65 líderes asesinados, casi un tercio de todos los defensorares ambientales a nivel mundial. Esta realidad es alarmante e inaceptable", dijo  Mulville. 

El informe revela una "tendencia alarmante de ataques" a quienes están en la primera línea de protección de los derechos humanos y el medio ambiente en países como Colombia, Honduras, Guatemala, Brasil, Perú y Bolivia.

También se advierte que la consulta popular en Cajamarca está riesgo.  Esto por cuanto, la Corte Constitucional emitió entre 2018 y 2019 tres fallos para impedir que las actividades mineras fueran sometidas a consultas populares, lo que representa una regresividad en los mecanismos de participación. 

El documento alerta que la explotación de la mina La Colosa, por parte de la minera Anglogold Ashanti, seguiría siendo una amenaza.  (Ver: Con una importante participación de votantes avanza la consulta minera en Cajamarca)

"Hoy en día nos encontramos en un limbo jurídico porque pese a que las comunidades hicieron uso de un mecanismo legal y cumplieron con cada uno de los requisitos tanto jurídicos como administrativos que se necesitan para desarrollar la consulta popular no se quieren implementar los resultados de las votaciones y se han activado varias vías judiciales para atacar las decisiones que adoptaron las comunidades. Tal es el caso de Tauramena, Casanare, y en Piedras (Tolima)", dijo Sara Sofía Monero, abogada del Centro Socio Jurídico para la Defensa Territorial (Siembra). (Ver: David venció a Goliat: Cajamarca dijo NO a la megaminería)

El documento advierte que el 30% del municipio de Cajamarca se encuentra concesionado para exploración minera y se están
evaluando cinco solicitudes.  (Ver documento) 

Como resultado de estos acontecimientos, las organizaciones ambientales están trabajando para garantizar que se reafirme la legalidad de la consulta popular celebrada en Cajamarca.

Como parte de esta estrategia, Siembra, socio de la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (Codacop), al igual que otras organizaciones y redes, han pedido una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la necesidad de contar con mecanismos efectivos de participación ciudadana en temas relacionados con la minería.