Acusado el exdirector del ICBF en el Tolima por irregularidades en la firma de dos contratos en 2017
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La Fiscalía 38 de la unidad de delitos contra la Administración Pública acusó este miércoles al exdiector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Tolima Óscar Ríos Salazar por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público agravado.
La diligencia se llevó a cabo ante la Juez Cuarto Penal del Circuito en donde el ente acusador dejó constancia que en todo momento ha actuado con imparcialidad en el proceso.
Lo anterior, por cuanto Ríos Salazar radicó un escrito ante el director Seccional de Fiscalía, Giovany Gutiérrez, solicitando especial vigilancia a su proceso por no haber sido citado a la audiencia programada el pasado 27 de agosto. (Ver: Aplazada audiencia de acusación en contra del exdirector del ICBF en el Tolima)
"Quiero solicitar su vigilancia especial y cercana en el desarollo del proceso penal en referencia seguido en mi contra, pues se han presentado situaciones extrañas que generan suspicacias sobre todo en la audiencia de acusación a la cual no fue citado ni tampoco mi abogada (...) requiero actuación imparcial y leal de las representantes de la Fiscalía", precisó el exdirectivo en su escrito.
La Fiscal 38 desvirtuó esos señalamientos, pues en la diligencia judicial no se conocía que el acusado había designado a la abogada Diana Matallana Cano como apoderada de confianza.
Esta situación se ventiló en la audiencia, por lo cual a quien se citó era al profesional delegado por la Defensoría del Pueblo.
"Quienes conocen mi actuar y no solamente el actuar de esta suscrita fiscal, sino a la fiscal de indagación de esta carpeta Claudia Chalarca Cediel, nosotras actuamos con transparencia, rectitud y honorabilidad no solo por el ente que representamos, sino por nuestro propio nombre por ser trabajadoras y honestas".
Y continuó: "Nosotras actuamos de manera intachable donde se garantiza no solo la imparcialidad y lealtad, sino justicia con base en los elementos probatorios", puntualizó.
La Juez halló la razón a la Fiscal 38, pues el despacho también desconocía que el exdirectivo hubiera designado un apoderado de confianza en ese momento.
La acusación
La Fiscalía acusó a Ríos Salazar por las irregularidades halladas en la firma de los contratos 625 y 626 de 2017 con la Fundación Nawem, y cuyo valor total superó los $3.500 millones.
El objeto del contrato en ambos casos era la atención especializada de niños, niñas y adolescentes en hogares sustitutos. Dicho contrato debía ejecutarse en los centros zonales de los municipios de Chaparral, Purificación, Melgar, Honda, El Espinal y Lérida.
Según el ente acusador, la Fundación no cumplía con la capacidad técnica ni el personal humano para ser acreedora de ambos contratos.
"No se dio cumplimiento por parte de la Fundación Nawem al numeral sexto justificación factores de selección capacidad técnica, listado del talento humano el cual debía cumplir, además, con las exigencias previstas en los lineamientos del modelo de atención", expuso la Fiscalía.
Además, Ríos Salazar, omitió ordenar la conformación del equipo interdisciplinario que valorara que la ONG cumpliera con el capital humano y el plan de atención integral.
Asimismo, certificó que la Fundación Nawem contaba con 33 años de experiencia y con licencia de funcionamiento, lo cual no correspondía a la realidad.
Lo qué sigue
La Juez Cuarta Penal del Circuito fijó para el 19 de enero de 2022 la audiencia preparatoria de inicio de juicio oral. La togada dejó claro que no se permitiría aplazamientos, salvo por una razón de fuerza mayor de manera justificada.
