Procuraduría le pone la lupa a reinicio de obras del acueducto de Villarrica

El procurador Ambiental y Agrario del Tolima, Daniel Rubio, anunció que el Ministerio Público hará una revisión de la garantía bancaria que contrató el Consorcio ATC Ingyagro y que permitió reiniciar las obras para culminar la construcción del acueducto de Villarrica.  (Ver: Minvivienda y EDAT dan vía libre a reinicio de obras del acueducto de Villarrica)

Este contrato fue adjudicado por la Empresa Departamental de Aguas del Tolima (EDAT) en 2012 por $1.833 millones para dar cumplimiento a un fallo de una acción popular que obliga al Departamento y al municipio de Villarrica a garantizar el suministro de agua potable a sus habitantes.  

“El comité de ejes misionales que es una instancia donde se articulan todos los procuradores que ejercemos funciones en el Departamento del Tolima y que preside la Procuraduría Regional del Tolima, ya priorizó la revisión de la legalidad del acto administrativo mediante el cual se aprobó ese patrimonio autónomo que expidió el BBVA y que permitió reiniciar las obras”, dijo el Procurador en la mesa de moralización llevada a cabo este miércoles en Villarrica.

La Gobernación del Tolima aprobó la constitución de la garantía bancaria, pues las aseguradoras se negaron a extender la póliza de ejecución y cumplimiento del contrato, al igual que el de pago de salarios y parafiscales por el riesgo y los retrasos que ha tenido el proyecto.

En 2017 se vencieron las pólizas debido a las demoras y reformulación de los diseños ante el Ministerio de Vivienda.

“En el contrato original, de años atrás, se aprobó una póliza que cubría unos amparos y la idea es que la Procuraduría General revise que en esta acta de reinicio de la obra del acueducto de Villarrica se esté cubriendo con los mismos amparos", señaló el procurador.

Y continuó: "No habría lugar en el contrato original pedir que se amparen posibles riesgos por el uso del anticipo, de la calidad de la obra, del cumplimiento del objeto contractual, de la estabilidad de las obras, de la responsabilidad civil extracontractual y el pago de salarios y que, al reiniciar este contrato, pues uno de estos amparos no esté presente”.

Según el gerente de la EDAT, Julio César Pérez Ángel, ya que las obras no han sido recibidas, la póliza de estabilidad sigue vigente.  

El contrato se reinició a finales de julio y se va a ejecutar en dos fases, pues se requiere adicionar recursos que superarían el 50 % del valor inicial del contrato y que va en contravía de la Ley 80.

Por esta razón, la primera fase tendrá una inversión de $496 millones y la segunda, que comprenderá la instalación de micromedidores que será nuevamente contratada.

Reubicación del casco urbano

El procurador Ambiental, Daniel Rubio, también hizo un llamado al Tribunal Administrativo del Tolima para que se de impulso procesal a la acción popular que obligaría a las entidades del orden nacional y departamental a la reubicación del casco urbano, debido a la falla geológica que atraviesa este municipio. (Ver: El 80 % de las casas de Villarrica están a punto de colapsar, dice la Contraloría)

En total serían 2.500 las personas que necesitan ser trasladadas ante el riesgo de colapso. Según el Alcalde serían más de 800 viviendas las que deben construirse para garantizar los derechos fundamentales de los habitantes.

Por otra parte, Rubio hizo un llamado para que se comprometan vigencias futuras extraordinarias, pues es una realidad que este tipo de acciones superarán varias vigencias fiscales.

“Necesitamos un compromiso de Estado atado a una política pública de reubicación, pero una verdadera política de reubicación y no pañitos de agua tibia, no de que 'cuando nos sobre plata la mandamos a Villarrica', sino de la reubicación del casco urbano del municipio”, conminó el vocero del Ministerio Público.