La rumba en Bosque Largo tiene molestos a los habitantes del sector

Desesperados. Así se encuentran los vecinos del conjunto residencial Bosque Largo, quienes a diario tienen que convivir con el alto volumen de la música y el desorden que se presenta en los locales comerciales del primer piso, los cuales no tienen permiso de funcionamiento. 

El sitio ubicado en la calle 77 con avenida Guabinal, se ha convertido en un punto de encuentro para jóvenes y adultos en el que constantemente se generan aglomeraciones y alteraciones de orden público por la ingesta de licor y estupefacientes.  

Rafael Jiménez, arquitecto y residente del conjunto, le contó a EL OLFATO que desde hace más de un año operan bares en estos espacios de forma irregular. 

“Esto nos está afectando muchísimo porque es una zona residencial y no podemos dormir. Tengo una niña de apenas siete meses, y todas las noches eso es una locura porque los bares abren todos los días”, dijo. 

Según Jiménez, la situación es tan abrumadora, que muchos vecinos han tenido que irse del conjunto y poner en venta sus apartamentos. 

“Se ha enviado una cantidad de cartas y solicitudes a Procuraduría, Planeación, Espacio Público, Secretaría de Salud, y todos los requerimientos son remitidos a la Inspectora Quinta, pero no pasa nada”, acotó. 

“Hemos intentando hablar con ella para que nos ayude con el caso porque estamos desesperados. La bulla por la noche, las peleas, el consumo de drogas, incluso hay locales que los han cerrado porque han encontrado estupefacientes dentro de los sitios, pero no hay disposición de ayudar”, agregó.

La administradora del Conjunto, Martha Ramos, también se refirió al tema y dijo que son bastantes los inconvenientes que se han presentado, pues considera que “la zona rosa de Ibagué se trasladó hasta el conjunto”. 

“Ha sido súper incómodo porque se han incrementado las congestiones vehiculares. Por el tema de pandemia todo estaba cerrado, pero ahora tenemos más proliferación de gente en este lugar”, indicó. 

Entre tanto, Ramos sostuvo que cada local tiene su propietario encargado de administrar el espacio. 

“Son ellos quienes hacen la diligencia ante las entidades que les competen, que generalmente son la Alcaldía, Planeación, Espacio Público, y Sayco y Acinpro, para adquirir esos permisos”, comentó. 

No obstante, este medio de comunicación habló con Andrés Farah, director de información y aplicación de norma urbanística de la Alcaldía de Ibagué, quien recalcó que el conjunto cuenta con una licencia de construcción en la que se expresa que los locales proyectados son para comercio especial y de cobertura básica local. 

“Es decir que en ellos no pueden operar establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro de cafés, fuentes de soda, bares, tabernas, discotecas, grilles o centros musicales”, acotó. 

Además, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente indica que estos sitios de entretenimiento no deberían funcionar allí, pues no deben estar ubicados a una distancia inferior a 200 metros de centros asistenciales de salud, educativos y/o cultos. 

“En ese orden de ideas, se reitera que no pueden operar en este punto de la ciudad debido a que a unos pocos metros se encuentra el colegio Gimnasio Los Arrayanes”, mencionó Farah. 

La Administración Municipal en diferentes ocasiones ha remitido los requerimientos hechos por la comunidad a la Inspección Quinta de la Policía, dependencia competente para hacer cumplir las normas y la licencia expedida para la construcción. Sin embargo, no ha habido acciones contundentes para solucionar esta problemática. 

De hecho, EL OLFATO trató de comunicarse con la inspectora Glenda del Mar Garzón Peñuela, para conocer los procesos y comparendos que la dependencia ha impuesto en el conjunto residencial, pero no fue posible. 

Invasión de espacio público

La Gestora Urbana, entidad encargada de administrar el espacio público en la capital tolimense, informó que ninguno de los locales comerciales que allí opera paga por el uso del suelo. 

“Ellos se están valiendo de que la administración del edificio les dice que están dentro del área de retroceso que hizo la constructora para poder dejar un área común”, sostuvo Juan Pablo Arias, jefe encargado de la Oficina Operativa Inmobiliaria de la entidad. 

De igual forma, Arias indicó que, si bien la Gestora es la encargada de realizar el cobro por el uso del espacio de antejardines y plazoletas, “no somos competentes en cuanto al ejercicio de imponer comparendos y del cumplimiento del pago”.