Secretaría de Salud de Ibagué oculta información sobre permisos de los supermercados de ‘garaje’ del PAE

La ejecución del polémico contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Ibagué sigue generando controversia. Ahora, la Secretaría de Salud de Ibagué optó por ocultar documentos oficiales relacionados con la apertura de los cuatro supermercados de ‘garaje’ que puso en funcionamiento la Fundación de Desarrollo Social, entidad encargada de ejecutar el contrato por $5.547 millones.

Desde el pasado lunes 24 de mayo, EL OLFATO solicitó a esa dependencia copia de los permisos otorgados a ese contratista para habilitar los puntos del supermercado ‘Al Mercar’, ubicados en los barrios Ricaurte, San Pedro Alejandrino, Arroyuelos y Santander (frente al estadio Manuel Murillo Toro).

Durante toda la semana, la Secretaría de Salud Municipal tuvo un misterioso comportamiento frente a la petición hecha a través de los canales oficiales. 

Por ejemplo, al día siguiente de la solicitud, el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, anunció que suspendía la ejecución del contrato por parte del operador y, con esa excusa, pretendieron evadir la responsabilidad. (Ver: Por sobrecostos en el valor de los mercados y fallas logísticas, Ibagué suspende entrega de bonos del PAE)

El martes -25 de mayo- la respuesta fue: “Anoche se sacó el comunicado que suspendía el PAE”. Ante ello, este medio de comunicación reiteró la solicitud, pues una cosa no tenía que ver con la otra.

Acto seguido, se insistió en la necesidad de acceder a los documentos oficiales relacionados con la operación de estos puntos de distribución de alimentos.

Luego, guardaron silencio dos días más. Ante esto, escalamos la solicitud ante la Secretaría General de la Alcaldía de Ibagué, con lo cual se logró una escueta y poco clara respuesta. (Ver: Hurtado se quedó corto con el tema del PAE en Ibagué: debería declarar el incumplimiento del contrato)

A través de WhatsApp, la secretaria de Salud, Johana Aranda, envió un documento en Word, sin membretes de la Alcaldía de Ibagué y hasta con errores de ortografía, pero sin explicaciones claras.

“Luego de la denuncia interpuesta por la comunidad del punto de distribución del barrio San Pedro Alejandrino, este despacho realizo (sic) visita de inspección, vigilancia y control evidenciando que dentro de los documentos evaluados contaba con un concepto sanitario del año 2020 y requería ser emitido nuevamente para la vigencia; por lo cual se procedió a verificar los criterios sanitarios y se actualizo (sic) concepto sanitario con un resultado de Favorable con requerimiento que será sometido a seguimiento los hallazgos encontrados; Para (sic) los puntos del Ricaurte y Arroyuelos, se emitieron concepto sanitario Favorable, no aplicando ninguna medida sanitaria de seguridad, por lo cual estos establecimientos pueden seguir en funcionamiento, independiente de las determinaciones que se tomen por parte de la Secretaria de Educación, resultantes del   cumplimiento o incumplimiento  de las obligaciones contractuales  del contratista”, contestó Aranda.

Sin embargo, no proporcionó ninguna evidencia documental ni explicó por qué este contratista había solicitado permisos en 2020 para abrir la bodega del barrio San Pedro Alejandrino, si el contrato se adjudicó este año, el pasado 12 de mayo. Extraño, ¿no? (Ver: Operador del PAE improvisó el montaje de tiendas Al Mercar: Personería de Ibagué)

¿Qué se oculta o a quién protegen?

EL OLFATO indagó con varios supermercados de Ibagué, grandes, medianos y pequeños, y todos coinciden en que antes de abrir un local comercial para la venta masiva de alimentos deben cumplir estrictos protocolos de bioseguridad y algunos requisitos técnicos y físicos para poder operar.

“Si desde el contrato se sabe que tienen que atender a unas 37.000 personas, claramente necesitan tener todo en regla. A nosotros -los comerciantes formales- no nos permitirían esas aglomeraciones, tener la comida tirada en bodegas que ni siquiera tienen pisos. Eso es muy extraño”, dijo un propietario de un pequeño supermercado del norte de la ciudad, quien pidió mantener su nombre en reserva.

A raíz de este silencio administrativo, EL OLFATO pidió a la Personería de Ibagué requerir los documentos oficiales que deberían existir en la Secretaría de Salud Municipal.