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El ciudadano debe tener derecho a elegir en qué movilizarse y ese derecho debe ser respetado. Esa es la premisa que queremos defender. Si quiere hacerlo en Transmilenio, en taxi o en un particular mediado por una plataforma tecnológica, debe ser su libre decisión.
Sólo por ese hecho, por el respeto al usuario, se debe promover que las plataformas tecnológicas de movilidad sigan funcionando en Colombia, con unas reglas claras y, sobre todo, bajo el principio legal de neutralidad de red.
Si Colombia tomara una determinación contraria, quedaría como un país que le está dando la espalda a la tecnología en el mundo. En países como en Indonesia, Australia, Estados Unidos e incluso México, ha habido regulación sobre la materia, motivo por el cual en Colombia es fundamental, finalmente, lograrlo.
El Congreso de la Republica está haciendo su tarea y está tomando determinaciones sobre la regulación de las plataformas de movilidad. De hecho, ya en la Comisión sexta de la Cámara de Representantes, se estudiaron seis proyectos de Ley, se hicieron más de cinco audiencias públicas, se presentó una ponencia sobre los mismos y fue aprobada con diez congresistas que votaron a favor y tres en contra. En estos momentos se está discutiendo el articulado en una subcomisión que esperamos sea debatido en próximos días.
Esto se dio porque el mismo Congreso está escuchando a la ciudadanía que se pronunció a través de Change.org con más de 733 mil firmas solicitando que las plataformas de movilidad fueran reguladas.
Y es que además de este respaldo ciudadano, las cifras también nos dan la razón. Según una reciente encuesta de Invamer, reveló que un 91,5% de los encuestados está de acuerdo con que se cree una regulación moderna que responda a los avances tecnológicos de las plataformas de movilidad y un 85,8% con que los vehículos solicitados por medio de plataformas son una opción económica y accesible. No son cifras para despreciar.
Si bien, aún falta camino por recorrer, hemos avanzado. El proyecto plantea varios beneficios como el hecho que las plataformas tendrán que pagar un impuesto de, aproximadamente, el 1% de cada viaje intermediado que irá a un fondo y con ese dinero se podrá beneficiar a conductores o mantener la malla vial; taxis y vehículos particulares podrán hacer uso de la tarifa dinámica, la cual se fija de acuerdo con la oferta y demanda a la hora de solicitar el servicio.
Propone que el servicio sólo puede prestarse previo registro del usuario en una plataforma tecnológica y no podrá ser prestado directamente en vía pública; describe las condiciones mínimas de los vehículos permitidos y garantizando el principio de seguridad y accesibilidad; establece a la Superintendencia de Transporte, el Ministerio TIC y el Ministerio de Transporte, como los entes de vigilancia y control en esta nueva modalidad, entre otros.
Algunos están contundentemente en contra de este modelo y no los culpo. La mayoría de los cambios generan resistencia al inicio. Por ejemplo, el gremio de los taxistas tiene todo el legítimo derecho de protestar, pero los invitaría a construir juntos sobre esta regulación que lleva años gestándose y que también los beneficia.
Al votar positivamente la ponencia y al crear una subcomisión para discutir el articulado para la regulación de las plataformas de movilidad, el Congreso dio un contundente respaldo para que en Colombia exista un marco legal y esperamos que llegue a feliz término por el bien de los usuarios y sus derechos. Todo esto constituye un avance histórico.
Colombia no puede seguir diciéndole a la tecnología “Yo por allá no voy”. Este es un camino que construimos todos.
