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La inseguridad que se vive en Ibagué es algo indiscutible, así la administración municipal trate de maquillar la situación afirmando que es sólo un asunto de “percepción ciudadana”. La respuesta institucional a los permanentes cuestionamientos por la ausencia de políticas claras, efectivas y contundentes para combatir la criminalidad resulta siendo siempre la misma: “Los índices de inseguridad bajaron durante el último año”. ¡Claro!, bajaron, toda vez que, por cuenta de la pandemia, estábamos encerrados y confinados.
Sin embargo, en virtud de la reactivación progresiva de las actividades económicas finalizando el año anterior y en lo que va corrido del 2021, la inseguridad y los actos de delincuencia se han incrementado de manera alarmante. Delitos como los hurtos a personas, apartamentos, motocicletas y vehículos, así como lesiones personales en riñas, homicidios, estafas, extorsiones y hasta secuestros, entre otros, han ocupado diariamente los titulares de la prensa local y regional. ¿Y las acciones, estrategias e inversiones para contrarrestar esta oleada de inseguridad?. Siguen en veremos.
Hoy Ibagué cuenta con 200 cámaras de seguridad, las cuales fueron financiadas mediante convenio firmado en el año 2016 entre las administraciones municipal, departamental y el Ministerio del Interior, las cuales, en su mayoría, no se encuentran en funcionando. En las condiciones actuales la ciudad necesita urgentemente poner en funcionamiento las cámaras existentes y ampliar su cobertura en diferentes puntos críticos de nuestra ciudad.
Resulta imperativo llevar a cabo permanentemente acciones como los denominados “planes candados”, que permiten la identificación, individualización y captura de aquellos delincuentes con ordenes judiciales pendientes y otros que, aprovechando los beneficios que otorga el sistema judicial, pese a estar en detención domiciliaria, burlan la justicia y continúan delinquiendo ante la ausencia de controles.
Igualmente, estrategias como los CAI móviles para reforzar las zonas mas afectadas por la inseguridad, los cuales pueden ser cofinanciados con recursos del fondo de seguridad municipal y el gobierno departamental. A propósito, ¿en que se han invertido los dineros de ese fondo?.
Es fundamental garantizar mayor presencia y control de las autoridades de policía en las noches. Se ausencia ha contribuido negativamente para que actos vandálicos, como los que vienen ejecutándose contra la red de semáforos, entre muchísimos otros, no hayan podido controlarse. También resulta indispensable retomar el programa de mantenimiento e instalación de alarmas comunitarias en los barrios de la capital tolimense, elemento disuasivo que permite advertir a la comunidad y alertar las autoridades.
Sin duda se requiere la ampliación de pie de fuerza policial, para lo cual necesitamos la gestión conjunta entre la administración municipal y departamental, acompañados de la clase dirigente de nuestra región, para que de los 2.138 efectivos con que hoy cuenta la METIB, entre administrativos y operativos, lleguemos, al menos, a 4.000.
Finalmente, llamamos la atención del Señor Alcalde y su Secretario de Gobierno Municipal, frente al trabajo articulado que puede llevarse a cabo entre la administración municipal, la Policía Metropolitana y las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, con el objetivo de recolectar información sobre hechos, delitos o conductas que atenten contra la seguridad ciudadana, aprovechando los recursos técnicos y humanos que poseen las empresas de vigilancia de nuestra ciudad. En Ibagué prestan sus servicios aproximadamente 3.500 guardas de seguridad y existen mas de 250 radios de comunicaciones propiedad de las diferentes compañias de seguridad, recurso humano y tecnológico al que se le ha restado su importancia para prevenir y evitar muchos de los actos delincuenciales que suceden en nuestra ciudad. Ojalá los egos no impidan que algunas de estas propuestas para recuperarla sean escuchadas.
