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La situación de un alcalde que pretende utilizar una empresa de servicios públicos para apalancar su proyecto político no es nueva. En muchos sentidos este comportamiento sirve para explicar el estruendoso fracaso de casi todas las empresas públicas del país.
Hemos visto convenciones laborales desmesuradas, creación de cargos innecesarios, personal sin capacidad técnica, corrupción y amiguismo. Es la explicación más eficaz para entender porque Colombia tuvo que buscar privatizar muchas empresas que fueron públicas.
Precisamente por eso, es tan grave lo que está sucediendo en EPM. Es un patrimonio de Antioquia y de Medellín, pero también de todos los colombianos. Está en juego la certeza de que al menos algunas empresas pueden ser viables, rentables y públicas.
Las empresas públicas bien manejadas son fundamentales no solo porque generan ingresos para la región o la nación, sino porque permiten inversiones estratégicas para el país. Hay decisiones que son importantes en lo nacional, y que un privado jamás asumiría porque solo evalúa rendimientos económicos. Las empresas públicas son una herramienta para la política de provisión de bienes públicos.
No podemos permitir que el Alcalde Quintero pretenda destruir lo que se ha consolidado. Existen normas consensuales y tácitas que todos los gobernantes de la región habían respetado: NO usar políticamente EPM, cuidar su gobierno corporativo, tener personal técnico.
Los argumentos que esgrime el Alcalde sobre cómo pretende “salvar” a EPM de los prósperos grupos económicos paisas, son al menos, tendenciosos. No es sino mirar los estados financieros de la empresa y su desempeño para entender que EPM ha sido bien manejada.
Ojalá, Colombia entera decida protegerla, ojalá las autoridades y el gobierno piensen en una intervención que permita garantizar que ese patrimonio público no sufra las consecuencias de volverse instrumento de politiquería.
Antes de presentar una reforma tributaria el gobierno debe presentarle al país un ambicioso plan de austeridad. Se requiere como lo expresó el presidente Uribe un congelamiento de los gastos de nómina. Más aun, se requiere reconstituir la nómina estatal.
La inversión estatal debe concentrarse en obras públicas, empleo que construya país, empleo que genere riqueza: acueductos, vías, viviendas. Y no solo grandes obras sino obras de auto-construcción que vinculen a las comunidades y a las juntas de acción comunal.
El país debe frenar ya el crecimiento de nómina centralista y empezar a mirar la pobreza. La pobreza exige que busquemos el crecimiento económico que permita la oferta de empleo, y principalmente atender las condiciones de vida de cada colombiano: vivienda, agua potable, luz y por supuesto, educación. No da espera.
La educación tiene que cambiar. Me duele que por decisión de Fecode los niños del sistema público no estén en clases, mientras los niños del sistema privado ya lo están. Esto aumenta la segregación social y aumenta la brecha. A los pésimos resultados de las pruebas Pisa habrá que sumarles esta educación remota que tanto rezago causará.
Colombia se debe preparar para la cuarta revolución industrial. La robótica, la programación de computadores y la tecnología tienen que ser la base para el nuevo rumbo. Eso aunado a la protección de nuestros ecosistemas estratégicos y la biodiversidad representan nuestras más ciertas oportunidades. La pandemia es una pausa dolorosa pero también debe ser ocasión para revisar lo que no va bien y reconducir el rumbo.
