Denuncian "mermelada" uribista con las vacunas para el COVID-19

Una grave denuncia realizó Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, quien evidencia presunto pago de favores políticos con recursos destinados para las vacunas del COVID-19.

Según Enciso, el Gobierno Nacional trasladó los recursos destinados a atender la emergencia a la Subcuenta Covid de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD- entidad desde la cual se estarían contratando a personas que tienen más respaldo político que conocimiento y experiencia en asuntos sanitarios.

El grupo político que aparentemente se vería beneficiado con estas vinculaciones, sería el allegado al excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe.

“Según el Decreto 559 de 15 de abril de 2020 y demás normas que regulan el funcionamiento de la Subcuenta Covid ésta debe tener un gerente general. La escogida por el Gobierno para tal cargo fue Adriana Lucia Jiménez, (…) quien lleva un buen tiempo al lado de Miguel Uribe", informó Enciso.

Jímenez fue abogada en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, cargo al que ingresó en abril de 2016 con un salario de $3.888.041. Más tarde ejerció como gerente de la campaña a la Alcaldía de su jefe político Uribe, y hoy cuenta con un nuevo contrato a cargo de la Subcuenta Covid, con el cual pasó a ganar $14.678.713 mensuales.  Es decir que, en cuatro años prácticamente logró cuadruplicar sus Ingresos. 

Asimismo, Claudia Candela Bello, quien también fue asesora principal de la campaña política de Miguel Ángel, hoy se encuentra vinculada a la UNGRD por el mismo valor que Jiménez.

Otra persona cercana al excandidato es el filósofo y administrador público, Juan Sebastián Castro Gaona. “Trabajó en el Concejo de Bogotá entre abril de 2014 y diciembre de 2015, Uribe era presidente de la corporación desde febrero de 2014. Tras su paso por el concejo, Castro fue contratado en enero de 2016 para trabajar en la Secretaria de Gobierno, donde llegó a ser jefe de la oficina asesora de Planeación. Finalmente, en mayo de 2020 ascendió a su posición actual y recibe $10.565.073 por mes”, comentó Enciso.

Otro de los contratistas más beneficiados en la Subcuenta es "el general en retiro, Gustavo Rincón Rivera, fracasado excandidato a la Presidencia de ACORE (entidad que agrupa a los militares retirados) quien firmó contrato por $12 millones mensuales con el objeto de prestar servicios de asesoría jurídica", agregó el Director. 

Rincón, es conocido por dar a conocer hace dos años su tajante posición en contra de los Acuerdos de Paz, y su desprecio por la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Tampoco le ha ido mal en la Subcuenta Covid a Cristian Francisco Pulido Acuña. Hasta enero de 2020, Pulido trabajo en la Secretaría de Gobierno tal como consta en la resolución 039 de 17 de enero de 2020, por medio de la cual se aceptó su renuncia. Con la Subcuenta Covid pasó a ganarse $10.565.073 mensuales”, agregó Enciso.

Entre tanto, el director del Instituto Anticorrupción, también expone otro negocio jurídico que llama la atención. Se trata de la contratación del Consorcio Primero Salud, conformado por Pezeta Publicidad SAS y Pubblica SAS, el cual tiene por objeto dar a conocer información de la pandemia entre septiembre de 2020 y enero de 2021.

“El precio del contrato ascendió a casi $18 mil millones e incluyó algunas obligaciones inusuales, como la producción de piezas tales como carro valla con sonido por $ 60 millones y perifoneo, por $24 millones”, afirmó el Director.

Por su parte, Miguel Uribe respondió ante la columna publicada por Enciso en el portal Los Danieles, y sostuvo en su cuenta de twitter que la información revelada es calumniosa.  

“No es cierto que yo esté vinculado a la Subcuenta que maneja recursos para el COVID-19, o que haya promovido la contratación de algún funcionario para que trabajara en ese equipo. No tengo intereses de contratos de la Subcuenta de ninguna clase", aseveró el excandidato. 

Del mismo modo, Uribe dijo que solo conoce a cuatro de los funcionarios mencionados los cuales, según él, cuentan con los méritos profesionales y académicos para desempeñar las funciones, teniendo en cuenta que no se cuestionan sus capacidades y tampoco tienen antecedentes criminales.