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La libertad del presidente Uribe me causa sentimientos ambiguos; por una parte la ansiaba y quería verlo libre; pero por otra me entristece como colombiana que hayamos tenido que perder su curul para recuperar un derecho básico como la libertad. Fue el senador más votado de la historia de Colombia y hoy miles de colombianos que le otorgaron ese escaño para que los representara, han quedado sin voz.
Colombia vive un momento trágico. Hoy en el Congreso están sentados criminales de lesa humanidad. Está sentado quien dice haber asesinado a Álvaro Gómez Hurtado; y debemos llamarlo senador. No ha dicho la verdad, no ha pagado ni un día de cárcel, y por supuesto, no ha reparado a las víctimas. Al mismo tiempo, el presidente Uribe, que gústele a quien le guste, ha sido el líder democrático más importante de los últimos tiempos, está defendiéndose de un proceso plagado de injusticias, por el cual ya pagó más detención que los confesos asesinos.
¿Cómo hemos llegado a semejante aberración? ¿Criminales pontificando desde el Congreso y los representantes de la institucionalidad ante los tribunales?
Hay una clara pérdida del equilibrio. Con el pretexto de la paz, que no llegó -ni llegará mientras el narcotráfico campee en nuestro territorio- quedamos ante un país cuyas definiciones básicas sobre lo que está bien y lo que está mal desaparecieron. Perdimos el consenso más importante de una sociedad. Sin este consenso básico y sustancial, que inspiran la ley y la seguridad jurídica, la ética colectiva quedó en el limbo.
Se rompió la idea de la igualdad ante la ley; hoy vivimos en dime quién eres y te diré qué ley se te aplica. Se perdió la confianza en las instituciones, sobre las que todos tenemos dudas. Se extravió el rechazo social al crimen. Se instituyó el linchamiento social como mecanismo de control para las masas partisanas y irreflexibas. No parece extraño que muchos jóvenes opten por carreras criminales por considerarlas una alternativa no solo posible sino deseable.
A esto hay que sumarle la actitud antidemocrática de la oposición. Quienes hacemos parte de una democracia deberíamos respetar unos mínimos, esto es; todos, todos, sin distingo, debemos procurar el bien de los ciudadanos. Hacer todo lo que podamos para apoyar lo que le sirve a la nación, y todo lo posible para impedir que cosas negativas sucedan. Una cosa es puntualizar los errores del gobierno, criticar sus decisiones; impedir que avancen en determinadas direcciones; pero esto de llevarlos al fracaso es otra cosa. El saboteo al gobierno saboteando la nación es inaceptable.
¿Cómo puede ir un precandidato presidencial a pedir que Europa deje de comprar nuestros productos? ¿Cómo puede ese mismo Petro instigar e incitar la violencia en nuestras ciudades? ¿Cómo insiste en llevar al país al caos por su sola ambición de gobernar?
Viene una marcha indígena en medio del rebrote del COVID -causado por las marchas anteriores. Es una caminata pasando por varias regiones del país; ¿están buscando un gran contagio? Un nuevo brote podría obligarnos a un nuevo cierre y con ello a un agravamiento de las circunstancias económicas. Hoy cuando hay 729 mil nuevos pobres monetarios, de la devastadora cifra de 35,7% de nuestra población en esta difícil condición. Hoy cuando una pandemia destruye mucho de lo que hemos construido durante generaciones, deberíamos estar unidos aunque sea en el propósito de salir adelante.
