Procuraduría presiona a ADRES para que pague los cerca de $180.000 millones que adeuda a 240 hospitales públicos del país
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La Procuraduría General de la Nación exhortó al Gobierno a adoptar medidas de emergencia para que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES - cubra la deuda que tiene con 240 hospitales públicos del país, por más de $179.684 millones, recursos imprescindibles para la contingencia de coronavirus.
Esta circunstancia se suma a lo advertido por el Procurador, Fernando Carrillo Flórez, en comunicación al presidente Iván Duque, en la que señaló la necesidad de efectuar giros a la red hospitalaria para su fortalecimiento.
Para el Ministerio Público resulta preocupante que la ADRES no haya diseñado, a corto plazo, una estrategia que genere respuesta integral a las reclamaciones que desde 2018 han radicado las Empresas Sociales del Estado.
En una acción preventiva al proceso de reclamaciones administrado por la ADRES, la Procuraduría confirmó que se mantiene el incumplimiento en la auditoría por atención de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados o no identificados, acciones terroristas y catástrofes naturales.
“Por esos conceptos, desde el 1 de mayo de 2018 al 29 de febrero de 2020, la ADRES adeuda a 240 ESE un total de $179.684.651.993”, sostuvo la Procuraduría por medio de un comunicado.
Allí también aseguran que, en ese mismo periodo, por el mecanismo de giro previo apenas 45 hospitales públicos recibieron pagos por un valor cercano a los $4.000 millones. En los otros casos, según la administradora, habría dificultades con los soportes de cuentas, lo que reflejaría debilidades en la gestión de cartera.
Sin mencionar que “la Adres también adeuda a IPS privadas y personas naturales, lo que suma cerca de $850.000 millones”, sostiene el Ministerio Público. (Ver: Procuraduría alertó sobre deficiencias en el rotulado, embalaje y traslado de las muestras del COVID-19)
Para la Procuraduría, la declaratoria de emergencia sanitaria, encaminada a acciones de contención del COVID-19, hace que estos recursos resulten invaluables para adquirir insumos, equipos médicos y realizar mejoras a la infraestructura hospitalaria, que permita hacer frente al incremento en la demanda de servicios que se pudiera presentar, especialmente de unidades de cuidados intermedios e intensivos.
