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Iván Duque no debió nombrar a Marta Lucía Ramírez como jefa de la poderosa Comisión de Infraestructura, que la convirtió en nada menos que “la superior funcional” de ese sector y el de transporte (Decreto 1714/18) o ella ha debido declararse impedida para actuar en las ocho concesiones viales de Luis Carlos Sarmiento Angulo, empezando por la carretera al Llano y el puente de Chirajara. Porque el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 –norma anticorrupción diseñada para resolver conflictos de intereses– determina que, por razones de parentesco, odio o amistad, los servidores públicos no podemos decidir, y ni siquiera participar, en ciertos asuntos de otras personas o empresas. Es común ver a los congresistas declarándonos impedidos en el trámite de leyes.
En entrevista en Blu (Ver video), Marta Lucía Ramírez defendió muy mal su conducta. Luego de reconocer que Sarmiento Angulo sí fue su jefe y “he tenido amistad” con él, agregó que eso “no es ningún delito”, frase astuta porque nadie ha dicho que lo sea. Lo que sí dijimos es que viola la Ley 1437 al participar en decisiones que atañen a su amigo y favorecedor de toda la vida, con quien debe de tener sentimientos de enorme gratitud y cariño, además de negocios comunes, como se verá, que le impiden actuar con la debida objetividad e imparcialidad que se les exige a los funcionarios públicos.
Luego de reconocer que asistió a una reunión con los banqueros para tratar con ellos el regalo de 1,2 billones de pesos de recursos públicos, ¡incluidos 600 mil millones para los bancos de Sarmiento Angulo!, Ramírez se exculpó diciendo que “yo no tengo ninguna facultad de decisión”, frase que también busca engañar. Porque el impedimento le prohíbe decidir y además actuar y participar. Y porque si bien formalmente el poder de decisión lo tenían el director de la ANI, los ministros de Transporte y Hacienda y hasta los árbitros del Tribunal de Arbitramento, ella, por razones políticas y legales, por ser la jefa de la Comisión de Infraestructura, tenía y tiene un enorme poder a la hora de decidir. Negarlo constituye un fraude y es otra razón por la que debe renunciar a meter mano en los negocios de Sarmiento Angulo, indiscutible pilar de su éxito personal.
En la entrevista, Ramírez también descalifica la plata de Odebrecht –pero solo la de esa empresa– a la campaña de Santos 2014 –y no a la de Zuluaga–, crítica que evidencia su falta de imparcialidad sobre Sarmiento Angulo, pues ella tiene que saber que van cuatro decisiones de autoridades judiciales y administrativas señalando que el Grupo Aval no fue víctima de Odebrecht sino su compañero de ilegalidades, así la Fiscalía no las investigue.
Son las décadas de negocios y estrechas relaciones entre Marta Lucía Ramírez y Sarmiento Angulo la base de su inhabilidad, según la Ley 1437. Porque ella fue directora de la Anif, representante legal de la fundación LCSA, asesora jurídica del banquero, consultora de los bancos de Occidente y Bogotá y miembro de la Junta directiva de este último, es decir, del curubito del poder financiero de Sarmiento. Se sabe también que los créditos del Grupo Aval para sus campañas presidenciales –incluida la de Duque– ascendieron a 17.169 millones de pesos y que Hitos Urbanos SAS, la firma de su esposo, Álvaro Rincón, aparece con créditos con el Banco de Bogotá –2016 y 2017– por 4.884 millones de pesos.
Hitos Urbanos se ufana además de tener entre sus éxitos empresariales a Edificio 13-35, sede de las oficinas corporativas del Banco de Bogotá. ¿Quiénes son los socios de Rincón en dicha empresa, de la que posee apenas el 37 por ciento de las acciones? ¿Y con quién tiene Hitos deudas tan altas que equivalen al 90 por ciento de sus activos? Tanto le debe Ramírez a Sarmiento que ella dice que diseñó el Ministerio de Comercio “aplicando todo lo que había aprendido con LCSA en cuanto a calidad, competencia, la gente más capacitada”.
Ante la renuencia de Marta Lucía a declararse impedida con Sarmiento Angulo –imitando al Fiscal Martínez–, cabe preguntarse: ¿por qué actúa así? ¿Nadie más está capacitado para hacer lo que ella hace, técnicamente y legalmente, digo? ¿No tendrá esta llamativa renuencia que ver con que Duque además le entregó, como cuotas suyas y en combo, el ministerio de Transporte y la Agencia Jurídica de Defensa del Estado? Más razones para exigirle que se declare impedida en los negocios de su gran amigo y socio de Odebrecht.
Coletilla: en el cuarto debate sobre Odebrecht se mostró a Juan Manuel Santos y a Iván Duque sirviéndole en llave a Sarmiento Angulo. En 2017 coincidieron en impedir que se le caducara el contrato a Ruta del Sol 2 (Odebrecht-Aval) y en 2017 aprobaron juntos la Ley 1882, la cual creo la posibilidad jurídica de regalarles a los banqueros del Grupo Aval 600 mil millones de pesos, intentona que llevó a una moción de censura a la ministra del Transporte.
