El contrato que despierta la ira de Jaramillo
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Las obras para la Construcción del Centro Regional para la Atención y Reparación a las Víctimas, que se ejecutan en un predio ubicado contiguo a la sede de la Fiscalía Seccional Tolima, se encuentran paradas.
Esto en razón a que la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) no ha expedido el permiso de aprovechamiento forestal por existir una incertidumbre jurídica sobre el predio.
Según el director de la CAR, Jorge Enrique Cardoso, el sindicato de la Fiscalía Seccional argumenta que el predio fue entregado en cesión tipo A y, además, aparece un tercer propietario reclamando el bien.
En una conversación sostenida entre Cardoso, la secretaria de Bienestar Social, Jennifer Parra y el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, se ventiló la situación.
El mandatario local, en tono acalorado, sostiene que la titularidad la tiene el Municipio y afirma que fue la Fiscalía Seccional la que invadió parte del predio.
"Nosotros somos los propietarios. Eso es falso, antes le voy a decir una cosa: sabe qué pasa con la 'puta' Fiscalía, perdóneme que tenga que decirlo, se nos cogieron un pedazo de terreno y por no molestarlos y dejarles el pedazo de terreno, debimos haberlos jodido y habérselos quitado. Le da a uno es berraquera, llegaron y se metieron al lote", espetó el Alcalde a Cardoso la semana pasada.
Además, Jaramillo agregó que en la ciudad "están apareciendo titularidades inexistentes y falsas".
Por su parte, Parra indicó que la maquinaria se encuentra parada y el personal no ha podido retomar labores. El contrato fue adjudicado el pasado 10 de abril al Consorcio Betar Ibagué, por un valor de $2.309.430.438.
El plazo para la entrega de la obra es de ocho meses. Los recursos fueron aportados por la Unidad Nacional de Víctimas con un aporte del Municipio de $900.000.000.
Ante la incertidumbre jurídica que se cierne sobre el predio, el Director de Cortolima, propuso que este miércoles se llevará a cabo una visita de inspección, donde las partes deberán demostrar la titularidad, para posteriormente adoptar un decisión con respecto al trámite del permiso ambiental.
