Secretaría de Gobierno de Ibagué pagó más de $225 millones por el arriendo de una bodega que nunca utilizó
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Una nueva cadena de irregularidades y posible despilfarro de recursos públicos habría detrás del arrendamiento masivo de inmuebles privados por parte de la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.
EL OLFATO encontró que la Secretaría de Gobierno Municipal pagó 225 millones 417 mil pesos por el alquiler de una bodega que nunca utilizó.
En el inmueble, ubicado en la carrera 14 No. 41 – 45, cerca de la avenida Ambalá, funcionaría el centro de protección para las personas que fueran sorprendidas deambulando por la ciudad bajo los efectos del alcohol o de sustancias sicoactivas.
La negociación se hizo para atender lo dispuesto en el Código de Policía y, en agosto de 2017, el entonces secretario de Gobierno de Ibagué, Hugo Ernesto Zárrate, celebró un contrato con el propietario de esa bodega, identificado como Germán Alberto León Beltrán. (Ver contrato)
El primer contrato fue suscrito en agosto de 2017, por un valor de 95 millones de pesos, y se le adicionaron otros 9 millones “con el fin de que el arrendador asuma la obligación de efectuar las mejoras requeridas”. (Ver otrosí)
Dichas obras no quedaron nada bien, pues las celdas que montaron se cayeron una semana después de entregadas las obras.
“La Policía no aceptó esta bodega por no ser aptas. Imagínese que antes de entrar a funcionar se cayeron las puertas de las supuestas celdas que hicieron”, dijo una fuente de la Secretaría de Gobierno, quien pidió no revelar su nombre.
Llama la atención que en las mismas adiciones se hace referencia a que, en dos reuniones sostenidas con la Policía Metropolitana de Ibagué, la institución no avaló el lugar.
Posteriormente, tras la salida de Hugo Ernesto Zárrate de la Secretaría de Gobierno (octubre de 2017), su sucesor Marco Emilio Hincapié Jr. continúo con el contrato y le hizo otra adición en tiempo y dinero.
En septiembre de 2018, el propietario de la bodega recibió el segundo contrato (2033) por un valor de 76 millones 517 mil pesos, correspondiente al alquiler de cinco meses. (Ver contrato)
La supervisión de dichos contratos estuvo a cargo de Marco Emilio Hincapié Jr. y Daniel Soto, este último inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años, en un fallo de primera instancia de la Procuraduría Provincial de Ibagué.
El abogado Fernando Varón, quien denunció el pago del arrendamiento de este inmueble vacío, dijo que “no hay derecho que se desperdicien los recursos públicos de esa manera” y le pidió a la Contraloría de Ibagué que entregue resultados de estas investigaciones.
Esta redacción quiso hablar sobre este caso con el contralor de Ibagué, Ariel Medina, pero el funcionario estaba en una comisión oficial fuera de la ciudad.
Guardan silencio
Durante una semana, EL OLFATO buscó al secretario de Gobierno de Ibagué, Juan Manuel Lozano, para preguntarle la razón por la cual se desembolsaron estos recursos por un inmueble que nunca se utilizó, pero el funcionario nunca contestó.
No obstante, Lozano no tuvo ninguna responsabilidad en este proceso y se posesionó en el cargo hace poco más de un mes.
Quien sí tuvo participación en el pago de este contrato fue el director de Justicia, Daniel Soto, pero también guardó silencio.
La única que contestó fue la secretaria Administrativa, Amparo Betancourt, quien dijo que la responsabilidad es de sus compañeros de la Secretaría de Gobierno.
