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El control social permite la construcción de sistemas democráticos basados en la transparencia, permite acercar al ciudadano con el Estado y debe estar orientado a sustituir las prácticas clientelista por la gestión directa de la ciudadanía ante el Estado.
Se coincide además en que el control social posibilita el desarrollo, en la medida en que facilita la participación de la comunidad en la resolución de sus problemas y promueve la eficiencia en la inversión social. También se considera que el control social debe trascender de la crítica, al hecho de contribuir a una gestión efectiva que repercuta en un mayor bienestar, en la garantía de derechos y en la prestación de servicios de calidad por parte del Estado.
Se ejerce control social cuando se visibiliza información pública, cuando se denuncia, cuando se le pide cuentas al gobierno, cuando se evalúa el impacto de las decisiones públicas, cuando se critica con fines correctivos, cuando se fiscaliza la ejecución de los recursos públicos, siempre con una finalidad orientada al bienestar colectivo. Son los objetivos del control social, perfectamente loables y pertinentes en un contexto en el que la desconfianza por lo público se ha vuelto el pan de cada día en nuestra sociedad, sin embargo, este tipo de ejercicios atraviesan por un sin número de dificultades, sustentadas por un lado en la falta de conciencia social por parte de los ciudadanos y por otro en la escasa voluntad por parte de los gobiernos para ser evaluados.
Desde la sociedad, el control social se dificulta en primer lugar por la creciente apatía hacia los asuntos públicos; la política se aprecia como algo necesariamente pervertido y corrupto, practicarla consecuentemente nos hace participes de tan despreciable actividad. En segundo lugar, se enfrenta al desconocimiento por parte de la ciudadanía de lo que son sus derechos y deberes, por consiguiente, no se puede controlar eficientemente lo que no se conoce. Así mismo, el control social es obstaculizado por la apatía de los sectores económicos, para quienes el seguimiento a lo público no se encuentra dentro de sus prioridades de responsabilidad social.
Adicionalmente, el control social es incidido por la cooptación por parte de los gobiernos, especialmente locales, de los liderazgos comunitarios quienes terminan al servicio de los gobernantes para adularlos, lejos de evaluarlos objetivamente para procurar el bien común. Todo lo anterior, aunado a una falta de educación ciudadana que posibilite una sociedad crítica y participativa.
Por su parte, desde los gobiernos otro de los grandes obstáculos al control social, es la poca importancia que le dan a la información pública, que en muchos casos estos no poseen o simplemente la poseen de mala calidad. Hay que resaltar aquí también, el rechazo por parte de las autoridades locales hacia los instrumentos que evalúan su gestión, lo que se traduce, en un apoyo deficiente hacia las iniciativas de control social y finalmente la ausencia de evaluaciones y ejercicios de rendición de cuentas efectivos que emanen de los gobiernos.
Lo anterior revela la necesidad no solo de una institucionalidad más fuerte que garantice el papel de la ciudadanía en el reclamo de sus derechos sino de una ciudadanía más interesada, responsable y participativa. Lograrlo, requiere romper con la idea de que la práctica política es de por sí perversa y empezar a usarla (la política) como un medio real para la construcción social.
Politóloga.
