Procuraduría abre indagación por posibles irregularidades en los contratos de la Gobernación del Tolima para enfrentar la emergencia del coronavirus

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar por las presuntas irregularidades en la suscripción de tres contratos para la compra de mercados, kits de aseo y difusión de información sobre la pandemia del COVID-19, y que comprometen más de $11.500 millones por parte de la Gobernación del Tolima.

El Ministerio Público busca determinar si hubo irregularidades en la celebración de los contratos: 0493 del 26 de marzo de 2020, por $1.020 millones, suscrito con la empresa León Gráficas; el contrato 0494, por $5.500 millones, celebrado con la empresa Sierra Pineda S.A.S, y el contrato 0531, por $5.000 millones, adjudicado a la empresa Enred Group.

El contrato 0493 tiene como objeto la difusión de campañas de prevención del virus y el cual será auditado por la Contraloría General de la República. Entre tanto, los contratos 0494 y 0531, tienen como fin la compra de kits de alimentación y de aseo para la población vulnerable del Tolima. (Ver: Lo que se desconocía de los $16.000 millones en contratos que entregó la Gobernación del Tolima por la emergencia del coronavirus)

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas y solicitó a la Secretaría de Hacienda Departamental entregar la información con respecto al presupuesto invertido durante los meses de marzo y abril en la suscripción de los contratos con ocasión de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

De igual manera, solicitó los soportes y certificaciones correspondientes, con los cuales se busca individualizar a los presuntos responsables, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular, y el perjuicio causado a la administración pública.

Por otro lado, la Procuraduría también inició proceso disciplinario en contra del presidente del Concejo Municipal de Ibagué, Cesar Eugenio Franco Agudelo, por presuntas irregularidades en la entrega de mercados a las familias vulnerables de la ciudad, ya que, según denuncias presentadas al órgano de control, el cabildante habría servido de intermediario para direccionar las ayudas a personas conocidas.