Justicia de Guatemala ordenó captura a fiscal general y al exministro Iván Velásquez
Por su parte, el Gobierno de Guatemala rechazó la captura por falta de respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Escrito por: Paula Núñez
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El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), José Rafael Curruchiche, ordenó la captura del exministro de defensa y embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez y a la fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, por presunta asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en el caso Odebrecht.
El organismo judicial de Guatemala le solicitó al Gobierno de Colombia su extradición y le pidió a Interpol expedir circular roja contra Camargo y Velásquez por su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Según la justicia de Guatemala, el exministro lideró una supuesta estructura, en donde también está involucrada la fiscal General de Colombia, con la que la constructora Odebrecht salió supuestamente favorecida.
De acuerdo con las explicaciones de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) esta supuesta estructura llevó a Guatemala a perder 3.000 millones de quetazles, su moneda local. “Hay pruebas desde 2017 que vinculan a Velásquez y Camargo con empresarios de Odebrecht”, afirmó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) a Caracol Radio.
Según explicó, la decisión tuvo sustento en una investigación con 3.000 y 4.000 elementos probatorios, entre ellos declaraciones y el testimonio de un testigo clave que entregó correos electrónicos fechados en enero de 2017.
“Toda esa relación nos ha permitido solicitar hace aproximadamente dos semanas a una Sala de Apelaciones del ramo penal, la orden de captura por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en contra del señor Iván Velázquez y la señora Luz Adriana Camargo", indicó Curruchiche.
A pesar de la decisión judicial, el gobierno de Guatamela realizó un comunicado de prensa rechazando 'enfáticamente' la solicitud, ya que no cuenta con un respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
"Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)", expuso el Gobierno de Arévalo de León.