Juez determina responsabilidad de UNP en atentado contra Miguel Uribe: defensa

El atentado contra el senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa generando consecuencias judiciales. En una audiencia reciente de medida de aseguramiento contra Elder Arteaga Ramírez, alias El Costeño, uno de los presuntos autores materiales del ataque, un juez de la República responsabilizó al Estado colombiano por omisión en su deber de protección, señalando directamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según el abogado Víctor Mosquera, representante legal de Uribe Turbay, el juez fue enfático en advertir que la UNP actuó “con mezquindad” y no garantizó las condiciones mínimas de seguridad que requiere un líder de oposición para ejercer sus derechos políticos. Esta afirmación quedó consignada en los considerandos y la resolución de la decisión judicial.

“El juez fue claro en señalar que hubo omisiones graves. Esto confirma lo que hemos venido advirtiendo desde hace meses”, afirmó Mosquera tras conocerse el fallo.

La actuación de la UNP ha estado en el centro de la polémica desde el atentado ocurrido en Bogotá, del cual Uribe Turbay salió ileso, pero que encendió las alarmas sobre los riesgos que enfrentan figuras públicas con posturas críticas al Gobierno Nacional. En este caso, el señalamiento no proviene únicamente del equipo de defensa, sino que se incorpora al análisis judicial como un elemento que podría configurar responsabilidad del Estado.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación reportó la captura de cinco personas señaladas como autores materiales del ataque, entre ellas alias El Costeño, quien permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso. No obstante, para el equipo jurídico de la víctima, estas detenciones son apenas el primer paso.

“Estas capturas son importantes, pero no suficientes”, aseguró Mosquera, quien anunció que su equipo insistirá en que se identifique, procese y sancione a los autores intelectuales e instigadores del atentado.

Además, solicitarán que a alias El Costeño se le impute el delito de terrorismo, debido a la gravedad del hecho, su connotación política y el impacto generado en el sistema democrático colombiano.

“Vamos a impulsar nuevas actuaciones encaminadas a que se adicione e impute el delito de terrorismo. El país merece conocer la verdad y que se llegue hasta los máximos responsables”, subrayó el abogado.

La firma Mosquera Abogados también reiteró que llevará el caso a instancias internacionales si las investigaciones no avanzan con la celeridad y profundidad necesarias. Aseguran que no se trata únicamente de un atentado contra un senador, sino de una acción que buscaba intimidar y silenciar voces de oposición, en un contexto de creciente polarización y deterioro de las garantías políticas.

Por ahora, la UNP no se ha pronunciado sobre los señalamientos del juez ni ha ofrecido explicaciones públicas frente a la presunta omisión que permitió que el ataque ocurriera pese a las advertencias previas sobre los riesgos que enfrentaba el senador.