Exzar anticorrupción de Jaramillo llega a Palacio con escándalos a cuestas

El presidente Gustavo Petro designó como nuevo Secretario Jurídico de la Presidencia a Augusto Ocampo, abogado bogotano conocido en Ibagué por su polémico paso como zar anticorrupción durante la administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo (2016-2019).

Lejos de haber sido una figura ejemplar en la lucha contra la corrupción, Ocampo acumuló denuncias y señalamientos por presunto tráfico de influencias, contratación cuestionada en la Personería Municipal e incluso deudas personales no saldadas con miembros de su propio gabinete.

Uno de los casos más sonados involucra a su excompañero de gabinete, Juan Espinosa, exsecretario de Hacienda de Ibagué, a quien Ocampo le adeuda $20 millones desde 2018. La deuda surgió luego de que Espinosa intercediera ante un empresario para prestarle el dinero, actuando como codeudor. Aunque Ocampo ha reconocido públicamente la obligación, su excusa para no pagar ha sido que “perdió los contactos del celular”.

Pero la relación entre Ocampo y Espinosa va más allá de ese préstamo. Fue el propio Espinosa, en su rol como secretario de Hacienda, quien facilitó la contratación de la pareja sentimental de Ocampo, Paola Andrea Villada Velásquez, y de su hija bachiller, Luisa María, en la misma dependencia. Así lo reveló EL OLFATO en septiembre de 2018, cuando se denunció que Villada, entonces coordinadora del área de Cobro Coactivo, no cumplía con los perfiles exigidos para el cargo porque, en realidad, era una enfermera. (Ver: 88 millones en contratos recibieron el zar anticorrupción, su hija y su novia en la Alcaldía de Ibagué)

Ocampo había llegado a Ibagué nueve meses antes, proveniente de Bogotá, donde conoció a Jaramillo durante su paso por la administración del hoy presidente Gustavo Petro. Desde entonces, tejió relaciones que le permitieron acceder a contratos y cuotas en el gabinete local, bajo la bandera de la transparencia.

El autodenominado ‘zar anticorrupción’ también tendrá que responder ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación por las irregularidades detectadas en el polémico contrato de prestación de servicios que le adjudicó la Personería de Ibagué, durante la administración del expersonero Juan Felipe Arbeláez.  (Ver: ‘Zar anticorrupción’ de Ibagué pasó de investigador a investigado)

Como lo denunció EL OLFATO en el artículo ‘Los favores para el zar anticorrupción’, Augusto Ocampo no solo fue contratado por la Alcaldía de Ibagué por $78’166.667, sino que también resultó favorecido con otro contrato en la Personería, por $19’200.000, para que prestara sus servicios “en el área del derecho administrativo”. (Ver: Los favores para el zar anticorrupción de Ibagué)

A estos antecedentes se suma una denuncia registrada en 2021, cuando Ocampo fue contratado por la familia de un condenado por lavado de activos para interponer un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Cobró $10 millones por adelantado, pero nunca presentó el recurso jurídico por el que fue contratado.

Pese a todo esto, el Gobierno del Cambio lo ubicó en uno de los cargos jurídicos más estratégicos de la Casa de Nariño, una decisión que ha generado serios cuestionamientos sobre los filtros éticos en la selección de altos funcionarios del Estado.