Las "advertencias" de la Procuraduría a los promotores de consultas mineras en el Tolima

Parece ser que la Procuraduría General de la Nación no está de acuerdo con que los tolimenses promuevan las consultas populares que buscan frenar los megaproyectos mineros. La coordinadora del Grupo Asesor de Minas, Hidrocarburos y Regalías, Piedad Angarita Guerrero, citó a un grupo de concejales de Cajamarca para anunciarles que investigará a todos los servidores públicos que hayan promovido las consultas porque supuestamente habrían incurrido en una extralimitación de sus funciones.

Según el presidente del Concejo de Cajamarca, Camilo Andrés Padilla Zapata, la reunión en la Procuraduría General de la Nación fue con el objetivo de "advertir" a los cabildantes que el Ministerio Público investigará a todos los funcionarios que hayan promovido la consulta popular minera en el Tolima. (Ver: Atención: Concejo de Cajamarca aprobó la consulta popular minera)

"Nos llamó la atención que la Procuraduría ni siquiera sabía los tiempos del trámite de la consulta popular en el Concejo de Cajamarca. Ellos ni siquiera estaban enterados de que nosotros ya habíamos votado y que ahora el proceso va tan adelantado que solo depende del Tribunal Administrativo del Tolima", dijo el concejal.

Padilla Zapata también dijo que la delegada de la Procuraduría no tenía ningún conocimiento del trámite del de la consulta popular minera, y que en varias ocasiones se refirió de manera equivocada a temas como los costos y los argumentos jurídicos de dicha iniciativa democrática. (Ver: La mentira del Alcalde de Cajamarca sobre los recursos de la consulta minera)

"La representante de la Procuraduría demostró que no tiene ningún conocimiento sobre la consulta. De inicio, se le ocurrió decir que el Municipio de Ibagué tenía que pagar $10.000 millones para organizar la consulta, cuando la propia Registraduría ha dicho que el costo será apenas de $550 millones", dijo Padilla.

De acuerdo con el cabildante, la Procuraduría también manifestó que ya abrió una investigación para sancionar a los concejales de Piedras, municipio donde ya se realizó una consulta popular minera para frenar la minería a gran escala. (Ver: Gobierno Nacional debe respetar autonomía territorial frente a asuntos mineros, dice la Corte Constitucional)

Sobre esto, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que es inaceptable que la Procuraduría General de la Nación esté intimidando a los concejales de Cajamarca solo para impedir que los ciudadanos se puedan manifestar a favor o en contra de los megaproyectos mineros. (Ver: La estrategia de AngloGold en contra de las consultas populares de Ibagué y Cajamarca)

"Si es un delito por parte del Concejo y del Alcalde, llamar a una consulta popular, y si es un prevaricato como intentaron hacerlo parecer en la Procuraduría, entonces por qué no han actuado. Pero no pueden estar amedrantando a la gente. Y además dando información falsa", dijo Jaramillo. (Ver: Consulta popular minera de Ibagué se realizará el próximo 30 de octubre)

Y agregó: "Por qué no nos llamaron a nosotros, o a los concejales de Ibagué. Lo que pasa es que ellos creen que los concejales de Cajamarca eran unos pobres campesinitos, y resulta que es gente muy preparada y muy capaz que defiende su territorio por encima de las presiones que se puedan ejercer desde la Procuraduría Nacional".

Recordemos que la Procuraduría también se ha opuesto jurídicamente a la legalidad de la consulta popular minera que se realizará en Ibagué, puesto que fue una de las entidades que presentó conceptos desfavorables ante el Tribunal Administrativo del Tolima para intentar tumbar la iniciativa democrática. (Ver: Conozca el histórico fallo que avaló la consulta minera en Ibagué)

"A mí no me preocupa que me investiguen por haber propuesto una consulta popular. Yo estoy convencido de que actué dentro del marco de la constitución y la ley. Si ellos consideran otra cosa, pues puede pasar lo que pasó con Gustavo Petro y Piedad Córdoba, que fueron sancionados por la Procuraduría, pero luego el Consejo de Estado les dio la razón. No se puede actuar políticamente, sino de acuerdo a la Constitución", concluyó Jaramillo.