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El Ministerio de Protección Social a través de la Resolución 1342 del 29 de mayo de 2019 calificó el riesgo fiscal y financiero en el que se encuentran las Empresas Sociales del Estado es decir los hospitales públicos en el país.
Al leer la mencionada Resolución queda uno con la percepción – errada por supuesto – que por lo menos en el Tolima, contamos con Hospitales Públicos, boyantes financieramente y con una estabilidad administrativa y fiscal con contadas excepciones.
Según la resolución prácticamente todos los hospitales públicos carecen de riesgo financiero o tienen un riesgo bajo que no compromete su futuro y pueden seguir prestando sus servicios sin avizorar nubarrones en el futuro, lo que incluye al Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, ad portas del fin de su intervención forzosa por parte de la Superintendencia de Salud.
Ahora bien, cualquiera que conozca la situación real de la salud en el Tolima, cualquiera que haya recorrido los servicios de urgencias en el departamento como observador o como usuario, sabe a la perfección que la Resolución de marras, no consulta la realidad de las IPS públicas.
Que los servicios han colapsado en muchos de esos hospitales, que las deudas los tienen arrinconados, que la cartera es enorme, que el personal misional se vincula a través de contratos de prestación de servicios, que es común que a estas personas se les pague con retrasos de hasta seis meses sus salarios, y que la inversión para mejorar las condiciones de atención es nula; esa es la verdad.
La Resolución 1342 del Ministerio tiene como único objetivo presentar un escenario mentiroso, para evitar que la Nación deba a través de la Superintendencia iniciar o mantener programas de intervención de las IPS públicas y no gastar dineros de la nación en el salvamento de las mismas.
Esa es la razón detrás de la milagrosa recuperación de los hospitales públicos, incluido el Hospital Federico Lleras Acosta.
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