Revelan presuntas irregularidades en la veeduría que apareció de la noche a la mañana en el caso de Hurtado

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se rechazara de plano el reconocimiento de la veeduría que apareció sospechosamente como representante de víctimas dentro del proceso que se adelanta en contra del alcalde Andrés Hurtado, por el caso de los piques ilegales realizados en el Aeropuerto Perales de Ibagué.

Durante la audiencia realizada este viernes, desde las 9:00 de la mañana, la fiscal 38 de la unidad de delitos contra la Administración Pública presentó las pruebas e irregularidades que indican que la veeduría ciudadana “vigilancia y control posterior de la función pública y manejo de los recursos públicos del aeropuerto de Ibagué”, no tiene ningún soporte de reconocimiento por parte de la Personería de Ibagué.

Según la fiscal, el pasado 6 de enero se les informó que la solicitud de inscripción ante el Ministerio Público debía cumplir con un requerimiento para ser avalada. 

"En la segunda solicitud que realizó la veeduría ciudadana cambiaron una parte del objeto donde dice: de manera prioritaria la veeduría conformada prestará interés especial en la vigilancia, control y acompañamiento ciudadano al correcto funcionamiento de la administración pública municipal de Ibagué, es decir, frente a la Alcaldía, y aquí no estamos fungiendo como víctimas de la Alcaldía en cabeza del ingeniero Andrés Hurtado, sino a unos hechos que ocurrieron cuando él fungía como gerente del Aeropuerto Perales". 

Por esa razón, mencionó que "esta solicitud para la Fiscalía es temeraria y lo único que se busca en torpedear e impedir la continuación de la audiencia pública de juicio oral que se está adelantando. Son situaciones que conspiran contra la administración de justicia". 

Pero eso no es todo. Un funcionario de la Policía Judicial consultó en la base de datos pública los documentos de identificación de las personas que fungen como representantes de esa veeduría, encontrando que uno de ellos reside en Chaparral, dos en Ibagué, uno en Piedras y otra persona en la ciudad de Bogotá.

De quienes viven en la capital tolimense, dijo la fiscal, se descubrió que proporcionaron direcciones que no corresponden en los barrios Las Américas y Picaleña. 

"Se hizo una búsqueda selectiva con Google Maps y de manera presencial donde ninguna de esas direcciones existe en la ciudad de Ibagué", dijo la funcionaria. 

Por esa razón, la Fiscalía compulsa copias penales y disciplinarias para investigar una serie de anomalías frente a la conformación de la citada veeduría en contra de los profesionales y demás involucrados, ante una posible dilatación y entorpecimiento de la audiencia de juicio del mandatario.

"Se está incurriendo conforme a estos elementos en el artículo 454C que se denomina: impedimento, perturbación de la celebración de audiencias públicas, y peor aún, con ese actuar puede hacerse incurrir en error a un servidor público como lo es usted honorable Juez", dijo la fiscal. 

No obstante, el togado decidió no acceder a esa solicitud y negar el reconocimiento como víctima a la veeduría mencionada, ya que no se presentó un daño real físico, moral o económico.

Sin embargo, la abogada Sandra Liliana Gómez Rodríguez, en representación de la veeduría ciudadana, interpuso recurso de apelación contra la decisión del togado.

La audiencia del juicio oral en contra del mandatario y la presentación de los testigos de la Fiscalía tuvo que ser suspendida por esa petición de la abogada. La decisión pasará a segunda instancia ante el Tribunal Superior de Ibagué y se desconoce cuándo se dará continuación a la diligencia judicial.