Primer testigo en el juicio de Jaramillo dejó en evidencia que el contrato del Alumbrado Navideño estaba amarrado
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Inició este viernes el juicio contra el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo por las irregularidades detectadas en la celebración de un convenio con la Corporación Festival Folclórico Colombiano para el montaje del Alumbrado Navideño del año 2016.
Jaramillo destinó más de $1.600 millones para este proyecto y se lo adjudicó, a dedo, a esta organización que no tenía experiencia alguna en este tipo de montajes.
En la diligencia virtual, que se adelantó ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito, la fiscal del caso presentó un testigo que probaría que la administración del exalcalde Guillermo Alfonso escogió a la Corporación Festival Folclórico, como última opción, para ‘triangular’ los recursos que iban dirigidos para unos subcontratistas bogotanos, previamente escogidos.
Es decir: necesitaban una entidad sin ánimo de lucro para evadir la ley 80, ahorrarse la licitación y favorecer a Moriah Company.
El testimonio clave
Antes de adjudicarle el convenio a la Corporación Festival Folclórico, Jaramillo habría enviado a tres emisarios a la Cámara de Comercio de Ibagué para ofrecerles el negocio.
Así lo narró Luis Alfredo Huertas, expresidente de esa entidad, quien recordó que los delegados del gobierno local fueron: Tania Sierra, enlace gremial de la Alcaldía de Ibagué; Camilo Páramo, exasesor jurídico de Jaramillo, y María Fernanda Martínez, exsecretaria de Apoyo a la Gestión.
Según el testigo, la propuesta se hizo a mediados de septiembre de ese año y, para la Cámara de Comercio, dos meses eran insuficientes para hacer una selección transparente y objetiva del contratista, y montar todo el espectáculo antes del primero de diciembre. (Ver: Vea por qué la Cámara de Comercio no aceptó convenio del alumbrado navideño)
Pero, hubo un hecho llamativo en la declaración, que demostraría lo que siempre se sospechó: que la administración del médico Guillermo Alfonso Jaramillo tendría un plan para tercerizar los recursos oficiales y favorecer a los contratistas bogotanos.
Huertas manifestó que la Alcaldía de Ibagué les envió un correo oficial en el que venía un archivo en Excel, en cuyo contenido aparecía la propuesta de la empresa Moriah Company.
“En un correo que se envió en ese momento por parte de la Alcaldía, en donde era un archivo de Excel, pues aparecía el nombre de esta empresa. Era un archivo precisamente para ver el tema de valores y de costos del servicio”, precisó el expresidente de la Cámara de Comercio de Ibagué.
La fiscal le pidió al exdirectivo que indicara si vio más empresas en ese documento y Huertas ratificó que no.
Tras la negativa de la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Ibagué buscó a la Corporación Festival Folclórico, organización que estaba presidida por dos viejos amigos de Jaramillo.
Betty García, la directora ejecutiva del momento, no solo ha sido su amiga personal desde hace muchos años, sino que trabajó con él en la Gobernación del Tolima. Y Félix García, expresidente ejecutivo de la Corporación, fue su piloto para los desplazamientos por el departamento, durante su periodo como mandatario seccional.
Ellos dos no tuvieron ningún reparo en aceptar el convenio amarrado y, como se lo confesó Betty García a EL OLFATO, todos los recursos iban destinados a los subcontratistas bogotanos.
El segundo testigo
Después del testimonio de Luis Alfredo Huertas, la Juez le dio la palabra a un comerciante, identificado como Andrés Orjuela Trujillo, quien ratificó que él presentó una propuesta para realizar el montaje logístico de las actividades decembrinas ante la Corporación Festival Folclórico, pero que no fue tenido en cuenta en ese proceso.
Todo indica que usaron varias propuestas para armarle los costos al subcontratista escogido con anterioridad.
Lo que sigue
La diligencia terminó pasadas las 4:00 de la tarde y la Juez programó a continuidad del juicio oral en contra de Jaramillo para el 24 de noviembre, a las 8:30 de la mañana.
El exalcalde está siendo procesado por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. De ser hallado culpable, enfrentaría una pena mínima de cinco años de cárcel.
Una vez concluya este juicio, la Fiscalía General de la Nación abriría otras líneas de investigación para determinar si se cometieron otros delitos como interés indebido en celebración de contratos.
