Por presunta corrupción fue imputada la exministra de Deporte, María Isabel Urrutia

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por presunto caso de corrupción.

La audiencia tuvo lugar ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías, donde se le atribuyeron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la investigación, la exfuncionaria habría orientado un contrato de $4.950 millones destinado a implementar el "Sistema de Validación Nacional", un software diseñado para asociar las boletas de ingreso a los estadios de fútbol con la identidad de los asistentes y verificar antecedentes.

Este sistema buscaba mejorar la seguridad en estos espacios al aplicar restricciones de admisión. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía revelaron irregularidades en el proceso contractual.

De acuerdo con el ente investigador, la exministra presuntamente adjudicó el contrato de manera directa, incumpliendo la obligación de garantizar la participación de varios oferentes. Además, se habrían realizado acuerdos previos para que una persona específica se quedara con el proyecto desde el inicio.

De igual manera, el equipo técnico y jurídico del Ministerio del Deporte, al parecer, advirtió en tres ocasiones sobre las irregularidades del proceso. Pese a ello, Urrutia firmó un convenio interadministrativo con una entidad pública el 30 de diciembre de 2022.

La Fiscalía también señaló que los documentos del proceso contenían avales de funcionarios que no participaron en la estructuración del contrato y no se justificó la contratación directa, evadiendo un proceso de licitación pública.

Por otro lado, se evidenció que "en el trámite precontractual no se hicieron los estudios de mercado, tampoco se surtió el proceso para la formación del precio del contrato ni del valor de las actividades previstas, pero se fijó un costo que ascendió a $4.950 millones".

A esto se suma que el objeto contratado no correspondía al estipulado en el Decreto 1622, lo que dio lugar al cargo de falsedad en documento público.

"Por último, el Decreto 1622 de 2022 habilitó a la exministra Urrutia Ocoró para contratar el “Diseño e implementación del sistema de validación nacional”. No obstante, fue contratado un objeto muy diferente: el análisis de la implementación del sistema de validación nacional", concluyó la entidad.