Palacino, el tolimense que dirigió a SaludCoop, fue condenado a 15 años de prisión

Carlos Gustavo Palacino Antia, oriundo del departamento del Tolima y expresidente de la extinta EPS SaludCoop, fue condenado a 15 años y un mes de prisión por un entramado de corrupción que permitió el desvío de recursos públicos del sistema de salud. Así lo confirmó el Tribunal Superior de Bogotá, que también ratificó la pena contra Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, exvicepresidente financiero de la entidad, por los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Ambos deberán pagar una multa superior a 1.067 millones de pesos (equivalente a 820 salarios mínimos) y quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante los próximos siete años y ocho meses. La decisión, aunque de segunda instancia, todavía podría ser revisada mediante recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

El caso, que sacudió los cimientos del sistema de salud colombiano, se centra en una serie de maniobras irregulares cometidas entre enero de 2010 y mayo de 2011. Según el fallo, los exdirectivos emitieron de manera sistemática cheques por servicios médicos que nunca se prestaron, los cuales posteriormente eran anulados o guardados. A pesar de ello, SaludCoop presentó estos pagos como realizados ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), logrando así el reembolso de 14.269 millones de pesos por concepto de 2.912 recobros falsos.

El Tribunal también evidenció que la EPS incumplió el pago oportuno a los prestadores de salud por procedimientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), y que sus directivos ocultaron deliberadamente la crítica situación financiera de la empresa, violando los principios de transparencia y legalidad que rigen la administración de recursos públicos.

Carlos Palacino, quien durante años fue una figura influyente en el sector salud, enfrenta así una de las condenas más severas impuestas a exdirectivos de entidades promotoras de salud en el país. Su caso se convirtió en símbolo del colapso del modelo de EPS, marcado por los excesos, la falta de control estatal y el manejo privado de recursos públicos que estaban destinados al cuidado de millones de colombianos.

Aunque la defensa de los condenados aún puede acudir a la Corte Suprema, el fallo marca un precedente en la lucha contra la corrupción en el sector salud y representa una reivindicación para miles de usuarios y prestadores que sufrieron las consecuencias del desvío sistemático de recursos en una de las EPS más grandes del país.