Multan al alcalde Hurtado por no ejecutar obras para proteger a residentes del conjunto Bosque Nativo

El Tribunal Administrativo del Tolima impuso una multa de casi $5 millones al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por desacatar una orden judicial que fue emitida por el Consejo de Estado en el año 2014. 

Se trata de un fallo en el que le ordenaban a la Administración Municipal adelantar las gestiones necesarias para ejecutar obras que permitieran mantener el cause del río Chipalo y evitar así que el afluente continuara socavando un talud ubicado en la parte posterior del Conjunto Residencial Bosque Nativo. 

Asimismo, se determinaba la necesidad de controlar de manera permanente la sedimentación y la acumulación de rocas en dicho sector.

De esa manera, se amparaban los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la defensa del patrimonio público, y la seguridad y salubridad pública. 

No obstante, el Tribunal determinó que, pese a que la Alcaldía cuenta con los estudios y diseños de una consultoría que contrató Cortolima y que le entregó en diciembre de 2020, los trabajos no se han iniciado. 

"No hay evidencia de ninguna otra gestión en procura de concretar las respectivas obras o las apropiaciones presupuestales necesarias para ello", dice el documento. 

"Se señala que a la fecha se ha hecho caso omiso a la orden judicial, dando lugar a que mediante auto del 1 de junio de 2021 se solicitaran informes a las accionadas respecto de las actividades adelantadas en el presente asunto", añade. 

En ese sentido, el Magistrado del caso advierte que esa desatención está llevando a que se presente una inestabilidad en el terreno, la cual pone en un inminente riesgo a los ciudadanos, y más en esta época en la que puede agravarse la problemática por la ola invernal. 

"Resulta por lo menos cuestionable que el Municipio de Ibagué en cabeza de Andrés Fabián Hurtado Barrera a pesar que cuenta con los estudios y diseños de las obras requeridas en el sector desde el pasado mes de diciembre de 2020 y a que existe voluntad y disponibilidad económica por parte de Cortolima y un cronograma de actividades, a la fecha no haya gestionado los recursos físicos, presupuestales, técnicos para su ejecución", agrega el fallo. 

Así, subraya que es evidente la desidia del Municipio de Ibagué en el cumplimiento de esa orden judicial e impone una sanción pecuniaria por valor de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales deberá cancelar el Alcalde de su propio bolsillo. 

"Se exhortará al burgomaestre de Ibagué y a la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, para que, de manera coordinada y articulada, adelanten todas las gestiones administrativas, presupuestales y contractuales a que haya lugar, con el fin de garantizar la protección de los derechos colectivos que actualmente continúan siendo conculcados", concluye el documento.