Militares fueron imputados por falso allanamiento en el que robaron $45 millones

Dos exmilitares fueron imputados por la Fiscalía por el hurto cometido bajo un falso allanamiento efectuado en una finca de Coyaima en enero de este año. 

Se trata de los exsargentos viceprimeros del Gaula Militar, Edgar Libardo Santos Jaimes y Camilo Andrés García Rojas, quienes se encuentran detenidos en un batallón de Facatativá (Cundinamarca) por cuenta de la justicia penal militar.

Los exmilitares fueron imputados por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Aceptaron cargos solo por el hurto. 

La directora seccional de fiscalías del Tolima, Ángela María Bedoya Vargas, señaló que los dos hombres fueron judicializados porque al parecer, bajo un falso allanamiento en una finca en Coyaima se habrían apropiado de $45.000.000 millones. 

Agregó la funcionaria que los exmilitares estaban asignados a un comando de Medellín (Antioquia).

"Se presentaron al Gaula Militar Tolima y al parecer indujeron en un error a funcionarios de la entidad para que los apoyaran en un operativo que resultó siendo falso, en complicidad con miembros activos y otros particulares”. 

Durante el procedimiento irregular e ilegal, la víctima y su compañera sentimental, habrían sido maltratados por parte de un falso servidor del CTI de la Fiscalía. Redujo a la víctima y le puso el arma de fuego en la cabeza. 

Asimismo, al parecer participaron varios particulares que simulaban pertenecer a este grupo de la Fiscalía y otros del Gaula. 

Afuera había formado un cordón de seguridad como se hace en este tipo de diligencias, en el cual se habrían quedado los verdaderos militares, quienes creían estaban en una diligencia dentro de los términos de ley.

Además, la vivienda fue registrada de principio a fin, así lo señaló la fiscal especializada durante la audiencia de control de garantías. Los militares junto con los falsos funcionarios sacaron el dinero que tenía el afectado en efectivo para la compra de semillas de trigo que se encargaba de comercializar.

El juzgado de control de garantías, por solicitud de la delegada del ente acusador, acogió su petición y los envió a la cárcel de Picaleña como medida preventiva. Esta decisión de hará efectiva una vez recobren su libertad por cuenta de la justicia penal militar.