La controvertida decisión del Juez que dio detención domiciliaria a responsables del desfalco de los XX Juegos Nacionales en Ibagué
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El Juzgado Octavo Penal Municipal impuso medida de detención domiciliaria en contra de Juan Manuel Cruz Salazar y Eding Asis Palis Hoeste, quienes habrían servido como "testaferros" para que se apropiaran ilegalmente de dineros del contrato de obra 119 cuyo objeto era la construcción de los escenarios del Parque Deportivo en 2015. (Ver: Imputaron cargos a subcontratistas del Parque Deportivo, salpicados en el desfalco de los Juegos Nacionales)
"Se va a restringir el derecho fundamental a la libertad de los dos imputados de una manera no tan intensa, se va a hacer una restricción en su lugar de domicilio y van a estar sometidos con dispositivos de vigilancia electrónica", dijo el Juez
La Fiscalía había expuesto la necesidad de ordenar la detención en centro carcelario de los imputados, ya que podían continuar ejerciendo estas actividades ilícitas en la contratación pública.
No obstante, el despacho no halló idóneo ese argumento, pues desde la prisión se puede acceder a recursos tecnológicos. Además, de que los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron en 2015.
"Lo cierto es que acceder a medios tecnológicos en un centro penitenciario no puede ser desconocida, no se puede desconocer que se realizan extorsiones desde la cárcel, incluso desde Picaleña", argumentó el Juez.
Y agregó: "Existen medidas más idóneas como es la cancelación de la personería jurídica de las empresas constituidas, para evitar ese eventual riesgo en la contratación".
Juan Manuel Cruz Salazar y Eding Palis Hoeste son acusados de incurrir en los delitos de peculado por apropiación en calidad de intervinientes y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, pues a través de contratos falaces, suscritos con Jaime Humberto Rivera Cuéllar se habrían apropiado ilegalmente de $3.459 millones.
Cruz Salazar y Rivera Cuéllar suscribieron un contrato para el transporte de maquinaria pesada por carreta por la suma de $367.696.105.
En cuanto a Palis Hoeste, a través de la empresa Precon P y R S.A.S, firmó un contrato para ejecutar las obras eléctricas para las edificaciones de los escenarios a construirse en el Parque Deportivo por valor de $6.550 millones.
De este negocio, se pactó un abono $3.275.894.000 los cuales fueron retirados en menos de 20 días.
La apelación del representante de víctimas
El abogado y representante de víctimas por el Municipio, Gustavo Osorio, apeló la decisión del juez, pues a través de interceptaciones telefónicas que allegó la Fiscalía se demostró como el señor Eding Palis Asis Hoeste continúa con su actividad contractual y estaría vinculado al escándalo del contrato suscrito entre el Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados.
"Nosotros no podemos estar de acuerdo en el dicho de su señoría que la Fiscalía no lo demostró, para nosotros está suficientemente demostrado que estas personas no se han separado de esta actividad. Ellos han continuado con esa actividad delictiva, esa actividad entre comillas económica de la contratación con el Estado", sustentó Osorio.
Asis Hoeste y Jalim de Jesús Rebaje García fungieron como socios de Precon P y R S.A.S y subcontrataron obras en el marco del contrato 119 de 2015.
No obstante, Rebaje García estaría vinculado a la empresa OLT Logistic, que hizo parte de la Unión Temporal Centros Poblados. (Ver: Español vinculado a desfalco de los XX Juegos Nacionales en Ibagué, sale a relucir en escándalo del caso del Mintic)
"En representación del Municipio de Ibagué solicito al Juez que revoque su decisión e imponga medida de aseguramiento intramural", concluyó el profesional.
El despacho negó el recurso ya que que la sustentación realizada por el abogado de víctimas resultó ser insuficiente. "Básicamente por cuanto el recurso se limitó a una genérica manifestación de inconformidad", sostuvo el Juez.
