Juicio 'piques ilegales': Aerocivil pide investigar a Hurtado por impedir realización de las audiencias

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, tendrá que enfrentar una nueva investigación penal por el presunto delito de perturbación de la celebración de audiencias públicas. 

El abogado Marco Ricardo Mariño, representante de la Aeronáutica Civil, entidad que hace parte del proceso en calidad de víctima, pidió que se compulsaran copias de la actuación del mandatario, quien no dio cumplimiento a los plazos que otorgó el Juzgado para que informara si presentaría o no abogado de confianza en la recta final del juicio que enfrenta por el escándalo de los 'piques ilegales' en el Aeropuerto Perales. 

El Juez le dio un ultimátum, de tres días, que venció el 22 de julio, para que el procesado respondiera, pero no lo hizo. 

El 14 de julio se conoció la única comunicación que le dirigió Hurtado al Juzgado, en la que manifestó que no había podido encontrar un abogado en Bogotá, al parecer, porque en el Tolima no hay juristas que le merezcan su confianza. (Ver: La estrategia de la Fiscalía y el Juez de los ´piques ilegales' para que el expediente no prescriba y se conozca la sentencia antes de octubre)

“Logré afortunadamente obtener entrevista con un abogado penalista ubicado en la ciudad de Bogotá para el lunes festivo 5 de julio de 2021, debido a que desde el 30 de junio hasta el 4 de julio de 2021, no tendría disponibilidad por encontrarme asistiendo en la ciudad de Cartagena a un evento cultural de vital importancia para el desarrollo musical de nuestro territorio, en mi calidad de alcalde mayor de esta urbe”, aseguró en su momento el mandatario. 

Ante esto, el delegado de la Aeronáutica Civil afirmó: "Pobrecito el señor acusado que no ha tenido cómo nombrar un defensor privado. Esta es la consecuencia de toda esa estrategia dilatoria". (Ver: ¿Defensoría del Pueblo, controlada por congresista 'Choco', le hace el favor a Hurtado en el juicio de los 'piques ilegales'?)

Y solicitó que sea investigado por estos hechos. "Respetuosamente solicito que se compulsen copias para que se investigue al señor acusado por el delito tipificado en el artículo 454 c del Código Penal", anotó. 

"El que por cualquier medio impida o trate de impedir la celebración de una audiencia pública durante la actuación procesal, siempre y cuando la conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de cien (100) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes", reza el artículo citado por el representante de las víctimas. 

Después de esta petición, la audiencia de juicio continúa con la declaración de dos vigilantes del Aeropuerto Perales, citados como testigos de la Fiscalía. 

La diligiencia se desarrolló con la asistencia del defensor público Rubén Darío Ramírez, asignado por la Defensoría del Pueblo.