Funcionarios capturados del IGAC y Cortolima habrían favorecido a constructora en condominio de lujo en Carmen de Apicalá
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La Fiscalía 27 de la unidad de delitos con la Administración Pública dio a conocer este jueves detalles con respecto a la captura de las 24 personas sindicadas de cometer cohecho, falsificación de documentos, entre otros delitos, que atentan contra el medio ambiente.
El ente acusador reveló cómo los funcionarios de Cortolima, Fernando José Alcántara y Óscar Fernando Cardoso Osuna, habrían solicitado pagos irregulares a la Constructora El Poblado para asesorarla en la obtención de permisos ambientales para viabilizar la construcción del condominio Villa del Mar, ubicado en la vereda El Brasil, municipio de Carmen de Apicalá.
Según la Fiscalía, Alcántara y Cardoso fueron contactados por Luis Carlos Guevara (quien en su condición de contratista y funcionario del IGAC) habría coordinado todo el actuar delictivo por tener contactos al interior de Cortolima.
“Fernando José Alcántara y Óscar Fernando Cardoso Osuna pidieron pagos para asesorar de manera ilegal a una constructora que quiere tener un permiso y licencia ambiental para el desarrollo de un proyecto de vivienda en zona rural de Carmen de Apicalá, denominado Villa del Mar. Para lo cual, Luis Carlos Guevara, valiéndose de su condición como contratista y funcionario del IGAC realizó un trámite catastral para dicha constructora y fue la persona encargada de coordinar todo el actuar delictivo por contactos que tiene al interior de Cortolima”, expuso la fiscal ante el juez de control de garantías durante la audiencia de legalización de captura.
También, se dejó en evidencia la participación de empleados de la constructora El Poblado, incluido su representante legal, donde también se detectaron delitos contra el medio ambiente.
En este hecho fue capturado en flagrancia Edwin Andrés Gutiérrez, persona encargada de la obra. En visita al predio, se pudo corroborar la contaminación de un cuerpo de agua y el secamiento de la misma.
Según la Fiscalía, a esta persona se le capturó por la presunta comisión de los delitos de daño a los recursos naturales y ecocidio.
Es de recordar que el director del Instituto Agustín Codazzi (IGAC) en el Tolima, Mauricio Mora, se encuentra involucrado en este entramado de corrupción.
Según la Fiscalía, funcionarios y contratistas del Instituto habrían direccionado “las asignaciones de las peticiones de los usuarios que requieren hacer trámites catastrales: cobro de trámites catastrales que son gratuitos, cobro de agilizar trámites como correcciones de área, englobe y desenglobe, disminución del impuesto predial, entre otros. Para obtener dicho fin se pudo establecer la participación de servidores públicos de carrera y contratistas adscritos al IGAC, algunos particulares y profesionales en topografía, como también de algunos usuarios que actúan como cohechadores”, precisó la delegada.
La audiencia de imposición de medida de aseguramiento se retomará este viernes en Ibagué.