Fiscalía llamó a juicio a policías por chuzadas a exniñera de Laura Sarabia

Cuatro uniformados de la Policía fueron llamados a juicio por la Fiscalía General de la Nación, por estar involucrados en el caso de las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera de la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia.

En el proceso están implicados el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua y los patrulleros Jhon Fredi Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla, quienes fueron señalados como presuntos responsables del delito de falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que los integrantes de la Policía Nacional, en ejercicio de sus cargos, estarían involucrados en diferentes actuaciones irregulares para obtener las órdenes de interceptación de las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia Torres.

En ese sentido, el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas presuntamente utilizaron información falsa para solicitar a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó), aval para intervenir dos líneas telefónicas que serían de alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’.

Los elementos de prueba indican que los dos números celulares en realidad pertenecían a Marelbys Meza Buelvas y a otra mujer que cumplió funciones domésticas para la funcionaria.

Asimismo, las evidencias dan cuenta de que el intendente Quinchanegua y la patrullera Canizales, al parecer, con documentos falsos, lograron que un fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá ordenara intervenir las líneas celulares de Meza y una persona muy allegada a esta, como parte de una investigación por la pérdida de un dinero en el lugar de residencia de Sarabia Torres.

La Fiscalía estableció que los uniformados habrían inducido en error a los fiscales, quienes creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que legalizaron las interceptaciones.