Fijan audiencia de acusación contra Hurtado por la fiesta privada que celebró en el Estadio Murillo Toro

Una nueva cita con la Fiscalía tiene el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por la ostentosa fiesta privada que le habría celebrado a su hijo menor en el Estadio Manuel Murillo Toro el 6 marzo de 2021, y por el cual se le acusa del delito de peculado por uso. (Ver: Fiscalía radicó escrito de acusación contra Hurtado por usar el Estadio para celebrar el cumpleaños de su hijo)

La audiencia de acusación quedó programada para el lunes 12 de septiembre a partir de las 9:30 de la mañana, y allí el Juzgado Cuarto Penal del Circuito iniciará formalmente un proceso penal contra el mandatario y el gerente del Imdri, Alejandro Ortiz, quien también fue citado por la Justicia.

Los hechos por los que ambos deberán responder en este proceso son la utilización indebida del Estadio Murillo Toro y haber convertido ese escenario público en un salón de fiestas privadas. (Ver: Revelaron detalles de la pomposa fiesta del hijo de Hurtado en el estadio Manuel Murillo Toro e imputaron cargos al Alcalde de Ibagué y al Gerente del Imdri)

Así lo reveló el fiscal 53 de la unidad de delitos contra la Administración Pública, quien indicó que las investigaciones adelantadas por las autoridades hallaron que a la celebración asistieron árbitros profesionales, comentaristas deportivos y funcionarios de la Alcaldía. Una zona de la cancha, además, fue convertida en parqueadero para los invitados.

Después, el fiscal dijo que la celebración se trasladó al camerino sur del estadio Manuel Murillo Toro, que usa normalmente el Deportes Tolima. Allí hubo globos, ponqué, pizza y gaseosa. Es decir, fue un festejo por todo lo alto.

A pesar de las investigaciones, el alcalde Andrés Hurtado insiste en su inocencia y no ha aceptado cargos.

Tras concluir la audiencia de acusación que se realizará en septiembre, se fijará una audiencia de preparación y luego una de juicio oral, en la cual se definirá finalmente si Hurtado es absuelto o condenado.

De ser así, el mandatario podría recibir una pena de 16 a 72 meses de prisión (entre 1 y 6 años), que podría incrementar al tratarse de un servidor público, y se enfrentaría a una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ese mismo periodo de tiempo.

Lo mismo aplicaría para el gerente del Imdri, Alejandro Ortiz.

Sea como sea, este es el segundo escándalo en el cual el mandatario es acusado por el mismo delito: peculado por uso. Su primera vez fue en la investigación por los 'piques' ilegales en el Aeropuerto Perales, del cual salió bien librado porque el delito prescribió por vencimiento de términos en octubre de 2021. (Ver: ‘Piques ilegales’: crónica de una prescripción anunciada)